Desde enero de 2024, la administración pública de Río Negro aplicó un total de 428 sanciones disciplinarias a empleados estatales, según datos difundidos por la Secretaría de la Función Pública. Del total, 74 corresponden a cesantías, 4 a exoneraciones y 350 a suspensiones de entre 1 y 30 días, todas en el marco de la Ley Nº 3487 que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública.
Además, durante este período se iniciaron 144 sumarios administrativos, se dictaron 71 suspensiones preventivas y se emitieron 21 apercibimientos, mientras que se cerraron 37 casos con sobreseimiento.
Las causas más comunes que motivaron las sanciones incluyen inasistencias y tardanzas reiteradas, conflictos entre compañeros de trabajo, abandono del servicio y condenas en causas penales.
Las sanciones se establecen tras un sumario administrativo llevado adelante por especialistas. La Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN, toma la decisión considerando la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados al Estado.
Según la ley, los tipos de sanciones son: apercibimiento, advertencia formal por faltas leves; suspensión, ausencia sin goce de haberes de hasta 30 días por inconducta o negligencia; cesantía, desvinculación con posibilidad de reingreso tras cinco años; y exoneración, sanción máxima que implica desvinculación definitiva por delitos graves.
Estas medidas forman parte de una política activa de fortalecimiento institucional, según destacaron las autoridades responsables.
