Desde el 1° de marzo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) implementa auditorías médicas a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Este proceso fue cuestionado por organizaciones y gobiernos locales debido a irregularidades en la metodología.
El Consejo Federal de Discapacidad denunció que las evaluaciones, realizadas por médicos del PAMI, se llevan a cabo en gimnasios, hoteles y en algunas ocasiones en direcciones equivocadas. Esta falta de organización genera confusión y ansiedad entre las personas con discapacidad y sus familias.
Las áreas municipales y la Subsecretaría de Discapacidad acompañan a los afectados para evitar que pierdan un ingreso esencial, que ronda los 300 mil pesos mensuales. El Consejo Federal rechazó la modalidad, advirtiendo que no garantiza accesibilidad ni respeto a los derechos de los beneficiarios, y alertó sobre el riesgo económico y social que esto implica.
