El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de modificar el esquema vigente y responder a los reclamos del sistema universitario. La iniciativa podría sumarse al temario de sesiones extraordinarias a través de un decreto que se publicaría en los próximos días.
La decisión se conoció luego de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la normativa actual, la cual establece la actualización de salarios docentes y partidas presupuestarias para las universidades nacionales.
En paralelo, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para consensuar una nueva propuesta.
Según trascendió, el proyecto no apuntará a derogar la ley vigente sino a reformularla, con un doble objetivo: garantizar previsibilidad fiscal y otorgar mayor seguridad jurídica al sistema universitario.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del CIN para definir lineamientos y analizar la viabilidad política y fiscal.
El Ejecutivo considera central construir consensos parlamentarios para aprobar una nueva norma que reemplace a la actual.
El decreto que habilitaría el tratamiento incluiría la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. No obstante, el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la incorporación de nuevos temas debe votarse en el recinto.
El movimiento se produce tras avances legislativos recientes, como la aprobación de la reforma laboral en el Senado, la media sanción de la ley penal juvenil en Diputados y el aval al acuerdo con el Mercosur.
La actual Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2024. Aunque el Ejecutivo la vetó, el Congreso la ratificó. Ahora el Gobierno impulsa una nueva iniciativa para reemplazarla.
