En el marco del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino ratificó que no entregará mensajes de Luis Caputo ni de Sergio Massa y que presentará una nueva apelación en la Justicia de Estados Unidos.
La postura responde a una orden de la jueza Loretta Preska, quien solicitó información privada de funcionarios, exfuncionarios y activos argentinos como parte del proceso de discovery.
La Procuración del Tesoro mantendrá la negativa en la audiencia prevista para este martes, con la magistrada y los fondos demandantes. En el Ejecutivo insisten en que “de ninguna forma” cederán datos privados y consideran que la jueza “excedió su jurisdicción”.
Aun así, admiten que esta posición podría generar multas diarias por incumplimiento. La estrategia es apelar en todas las instancias, incluso llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La definición de la Corte de Apelaciones será clave, ya que debe resolver si se suspende la entrega de acciones mientras se analiza la apelación. Las audiencias orales por el fallo de fondo se realizarán la semana del 27 de octubre, después de las elecciones legislativas.
Los fondos litigantes, que ya obtuvieron un fallo favorable por US$16.100 millones, buscan equiparar a YPF con el Estado argentino para ubicar y embargar activos. Desde Nación aseguran que no habrá negociación.
Un punto destacado es que la administración de Donald Trump se presentó como amicus curiae en respaldo a la estrategia argentina, lo que alimenta expectativas en el plano judicial.
