El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y crea un sistema procesal específico para adolescentes de entre 14 y 18. La iniciativa fue aprobada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un debate atravesado por fuertes cruces políticos y la presencia de familiares de víctimas en los palcos.
La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, introduce un esquema diferenciado para menores, con instancias judiciales especializadas y la prohibición de compartir espacios de detención con adultos. Además, incorpora mecanismos de justicia restaurativa, priorizando medidas educativas, reparación del daño y tareas comunitarias.
Otro de los puntos centrales es el rol de la víctima, que tendrá derecho a asistencia jurídica y psicológica, y podrá oponerse a decisiones de la fiscalía. La privación de la libertad quedará reservada para delitos graves y bajo criterios de excepcionalidad y plazos estrictos.
Tras la votación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó: “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, y consideró que la ley pone fin a un esquema de “indefensión” para las víctimas.
El bloque de Unión por la Patria votó en contra y planteó la inconstitucionalidad de la norma y la falta de recursos para su aplicación. El senador Jorge Capitanich advirtió que el presupuesto previsto, de $23.700 millones, resulta insuficiente para la infraestructura necesaria. En la misma línea, Martín Soria cuestionó la iniciativa y sostuvo que vulnera principios jurídicos básicos.
La sesión tuvo uno de sus momentos más sensibles con el ingreso de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. El senador Luis Juez defendió la decisión y reclamó que se garantice justicia. Tras la aprobación, todo el cuerpo realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
Para los menores de 14 años que cometan delitos, la ley dispone la intervención de la justicia civil, con medidas de carácter protectorio y la participación de equipos interdisciplinarios para abordar situaciones de salud mental o consumo problemático.
La norma quedó ahora a la espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia.
