Tras las elecciones legislativas, el Gobierno nacional reactivó la licitación para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila.
El objetivo es renovar los contratos de concesión vencidos en 2023, bajo un esquema con reglas más claras, criterios técnicos unificados y una evaluación exhaustiva de los antecedentes de las empresas interesadas.
El modelo impulsado por la Secretaría de Energía mantiene la participación privada, aunque con mayor control estatal. Las provincias de Neuquén y Río Negro podrán integrar hasta un 10% del capital accionario, mientras que se establecerá un canon por uso del agua y parte de los ingresos se destinará a obras hídricas definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Entre las compañías interesadas figuran Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation, junto con nuevos actores como Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, TotalEnergies y grupos chinos vinculados al sector.
Uno de los puntos bajo análisis son los antecedentes judiciales de las oferentes. En particular, el caso de AES, que operaba Alicurá y obtuvo en 2025 un fallo favorable por más de 700 millones de dólares ante un tribunal internacional, tras la demanda iniciada luego de la pesificación de los contratos en los 2000.
Desde el Ministerio de Economía aclararon que la existencia de litigios no implica una exclusión automática, pero sí “requiere una revisión más cuidadosa” antes de adjudicar las nuevas concesiones.
La presentación de ofertas fue reprogramada para el 7 de noviembre de 2025, y el Gobierno prevé cerrar el proceso antes de fin de año, asegurando la continuidad operativa del complejo hidroeléctrico más importante del país con condiciones actualizadas y mayor control público.
