Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunirán con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país el jueves pasado. El objetivo es retomar el acuerdo con el organismo, que podría incluir un pedido de perdón y el desbloqueo de los fondos previstos, o bien cambiarlo por otro.
El Fondo empezó ayer a reunirse con los técnicos del gobierno de Javier Milei, para revisar el acuerdo actual, que está “casi caído” y que no recibe desembolsos desde noviembre de 2023.
Además, se espera que el FMI hable con otros actores sociales, como la oposición, los sindicatos, los empresarios y los expertos del mercado.
El Fondo ya venía conversando informalmente con diferentes sectores del país, y también se mostró interesado en el respaldo político de los planes que acuerde con los gobiernos argentinos.
Antes del cambio de Gobierno, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo que “Argentina necesita un plan de estabilización fuerte, creíble y con apoyo político para enfrentar de forma duradera los problemas económicos y estructurales, y al mismo tiempo cuidar a los más vulnerables”, dijo, dejando en claro la postura del Fondo en las negociaciones que empezaron formalmente ayer.
El economista Héctor Timerman opinó sobre el tema, y dio algunas claves sobre un cambio reciente en la visión del FMI respecto de los últimos pasos que dio el gobierno de Milei, en comparación con el anterior.
“Desde hace unos meses que los académicos que trabajan en el FMI en conversaciones con el mercado instalaban la necesidad de que Argentina haga otra reestructuración con un haircut al estilo Grecia e Irlanda para que la deuda sea sustentable”, dijo Timerman, dando cuenta del estado de situación de los títulos públicos locales a finales de la gestión anterior.
“Creo que con el sendero fiscal que propone este Gobierno esas voces fueron silenciadas y eso es muy positivo para la recuperación de la Argentina”, dijo sobre la expectativa de recuperación en general.
El director de Adcap agregó que “para Estados Unidos, principal accionista del Fondo, la viabilidad política de cualquier acuerdo es tan importante como sus metas económicas. El Gobierno debe incluir a la oposición en el diálogo”, dijo, acentuando la discusión en el apoyo político que tendrá el nuevo plan, mucho más ambicioso en el ajuste fiscal que la propia propuesta el FMI para la gestión anterior.
En enero vencen unos US$ 1.900 millones con el Fondo y Milei utilizaría el recurso implícito -y ya utilizado en el pasado- de pagar hacia fin de mes, mientras avanza en las conversaciones con los técnicos del organismo para destrabar los desembolsos del acuerdo vigente, que quedaron en suspenso a fines de 2023.
La llegada del equipo técnico del organismo multilateral, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, tendrá como principal eje de análisis la posibilidad de “reencauzar el acuerdo que está caído por el incumplimiento en todas las metas que el Gobierno anterior había pautado con el organismo”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa de Gobierno.
El martes pasado, ante la consulta, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico será “continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI”.
“Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente”, agregaron las fuentes.
En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 totalizan a valor de hoy cerca de unos US$ 7.700 millones, y arrancan el próximo 9 de enero, donde habrá que pagar unos US$ 1.300 millones, y el próximo 16 de este mes por US$ 650 millones.
En este contexto, un gesto del gobierno fue que autorizó la emisión de Letras del Banco Central por US$ 3.200 millones a diez años de plazo, ante “la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda”.
La medida se dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/202, publicado en el Boletín Oficial, “con el fin de garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional”, se indicó en sus considerandos.
Mientras el Gobierno está llevando adelante “un plan para estabilizar” la economía, por lo que en la reunión con la comitiva del FMI, “no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia”, señaló Adorni días atrás.
En ese sentido, agregó: “desde el 10 de diciembre estamos transitando un plan para estabilizar este horror que nos han dejado en la situación económica en la República Argentina”.
En paralelo, el Gobierno avanzó con la publicación del DNU 70/2023 de desregulación económica que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece una profunda reforma del Estado en distintas áreas, que comenzó a regir a las 0 horas del viernes 29 de diciembre de 2023.
Hasta ahora cuenta con una medida cautelar de la justicia, que dio un lugar a las asociaciones de los trabajadores, y que frena su aplicación plena, precisamente en el plano de la reforma laboral.
Este DNU fue enviado también el Congreso, como parte de un proyecto de “ley Ómnibus” junto con un paquete de medidas adicionales complementarias.
Según Sebastian Maril, economista de Latam Advisors, “Argentina tiene que hacer desembolsos a principios de mes por US$ 2.000 millones y quizás haya un perdón de ese monto a pagar”, consideró en declaraciones en la misma línea que planteó el Banco Central argentino, días atrás, respecto del resultado de las negociaciones con el FMI.
No obstante, Maril ahondó en que “ahorrar el dinero que no tenemos no alcanza y el único organismo que nos está prestando plata es el Fondo; el acuerdo tiene que venir acompañado con una seguridad de que las propuestas de Milei satisfacen las condiciones del FMI. Hoy, no está claro porque el DNU y el proyecto están dando vueltas en el Congreso”, cerró.
Por último, el economista Pablo Nemiña, investigador en economía política del Conicet y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró que “sería un mal antecedente para la Argentina y el FMI elaborar un programa cuyas medidas centrales descansen en decisiones unilaterales del Ejecutivo, sin considerar el diálogo democrático con el resto de las fuerzas sociales”, expresó en redes sociales.
