La Cámara de Casación Penal decidió que el mendocino Luciano Di Césare sea juzgado por haber cobrado, de modo indebido, $ 1,3 millones por vacaciones no gozadas apenas dejó la presidencia del PAMI, que ejerció durante las dos gestiones de Cristina Kirchner (2007 a 2015).
El tribunal dejó sin efecto el acuerdo al que Di Césare había arribado con PAMI -con aval judicial- y que establecía la devolución actualizada del dinero: $88 millones.
Sin embargo, los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky revocaron la conciliación a pedido de la Fiscalía a cargo de Fabiana León.
El delito fue considerado “grave”
La Cámara de Casación Penal de la Justicia Federal dijo que la oposición fiscal está “razonablemente fundada en las constancias de la causa, por lo que resulta vinculante para el tribunal”.
La fiscalía se opuso por tratarse de un delito de extrema gravedad, porque la víctima -en este caso el Estado nacional- no había sido escuchada y sobre todo porque el Ministerio Público Fiscal no había sido partícipe de las negociaciones.
A fines de 2015, Di Césare cobró esa suma de dinero por vacaciones no gozadas entre 2004 y 2012.
Lo hizo horas después de haber dejado la titularidad del PAMI, en 2015, con motivo del recambio presidencial: Macri por Cristina.
El polémico acuerdo conciliatorio había sido aprobado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 incluía a Di Césare, María Alejandrina Arrouzet y Carlos Alberto Galdo y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Medios de prensa porteños llegaron a titular, a comienzos de junio, que los tres imputados habían depositado $88 millones en concepto de reparación del daño y extinción de la acción penal para evitar el juicio oral y público.
Ahora, este proceso comenzará a tramitarse para ser desarrollado a fin de año o durante el primer trimestre de 2025 a más tardar.
