Aunque a menudo se la menciona por su rol en la producción y exportación, la fruticultura argentina tiene un impacto mucho más amplio. Esta actividad no solo genera empleo y movimiento económico, sino que fortalece el arraigo en el territorio, promueve la salud, sostiene la identidad regional y contribuye a un desarrollo más equitativo.
Según un estudio del CONICET y el INTA, cada 1.000 hectáreas de frutales generan trabajo para 1.000 personas, entre empleos directos e indirectos. A modo comparativo, un productor mediano puede emplear a dos familias cada 10 hectáreas, mientras que un cultivo como la soja requiere apenas dos personas. A esto se suma una compleja cadena de valor: insumos, riego, logística, transporte, empaque y comercialización.
El empleo intensivo, sin embargo, también representa un desafío. La dificultad para conseguir mano de obra dispuesta a realizar tareas exigentes al aire libre ha motivado una creciente incorporación de tecnología. Pero los costos laborales y la legislación vigente condicionan esa transformación.
A diferencia de otros sectores, la fruticultura no está dominada por grandes empresas, sino por pequeños y medianos productores, que suelen vivir en sus fincas y trabajar directamente en ellas. Esto no solo mejora la calidad de los productos, sino que genera arraigo, demanda servicios públicos y fortalece el entramado local.
El vínculo con la salud también es innegable. Las frutas, además de ser símbolo de belleza y abundancia, son clave en la prevención de enfermedades crónicas. Sin embargo, su consumo ha caído a 46 kilos por habitante por año, muy por debajo de lo recomendado por la OMS. Fomentar su ingesta, por lo tanto, es una decisión estratégica para el sistema sanitario y la calidad de vida.
En definitiva, la fruticultura no solo produce alimentos: también genera bienestar, identidad, empleo y desarrollo humano. Reconocer y fortalecer su papel debería ser una prioridad en las políticas públicas nacionales.
