El fiscal Manuel Islas desestimó la denuncia presentada por representantes de comunidades mapuches contra miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) por el desalojo ocurrido en Casa de Gobierno en julio. Según la resolución, lo denunciado “no constituye delito”, por lo que la causa queda archivada.
Islas sostuvo que la actuación de los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli, quienes llevaron adelante el procedimiento tras la denuncia de la Fiscalía de Estado, fue “legal y ajustada a derecho”. Destacó que la medida fue “menos gravosa, escalonada y progresiva” y que no requería control judicial al tratarse de un espacio público.
El fiscal también analizó el accionar de la Policía, revisando videos, informes médicos y fotografías, y concluyó que el personal actuó “de manera proporcional a las circunstancias”, cumpliendo con una orden legítima. Se indicó que varios oficiales resultaron heridos debido a la resistencia de los manifestantes.
El hecho se produjo el 15 de julio, cuando un grupo de personas de comunidades mapuches se encadenó en el ingreso de la Gobernación para reclamar personerías jurídicas. Tras varios días de ocupación que obstaculizaron la circulación, el 20 de julio se ordenó el desalojo tras la intimación a retirarse, con intervención policial autorizada por oficio judicial.
Islas concluyó que tanto los fiscales como la Policía actuaron dentro del marco legal y rechazó la denuncia por abuso de autoridad.
