El Gobierno de la Nación ha decidido interponer una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade tras su controvertida decisión de liberar a los 114 detenidos durante los incidentes ocurridos la semana pasada frente al Congreso, en el marco de una marcha de jubilados.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, asegura que la jueza incumplió sus deberes como funcionaria pública y actuó deliberadamente para beneficiar a los implicados en los hechos, acusándola de haber favorecido el delito de sedición y atentado al orden público.
Según las autoridades, Andrade liberó a los detenidos en menos de ocho horas, sin haber revisado adecuadamente las pruebas ni los antecedentes de los arrestados.
En defensa de su decisión, la jueza sostuvo que su actuación fue motivada por la falta de información sobre los motivos de las detenciones y la ausencia de espacio adecuado para alojar a los detenidos.
Por su parte, el Gobierno nacional, además de denunciar a Andrade, solicitó su apartamiento del caso y presentó cargos contra “grupos organizados de barrabravas” que, según se indica, participaron en los disturbios.
