La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, convocó a una audiencia clave en el marco del juicio por la expropiación de YPF, donde el Estado argentino fue condenado a pagar US$ 16.000 millones. La reunión se realizará el próximo martes 15 de julio a las 10 de la mañana y estará centrada en un aspecto estratégico del conflicto: la posibilidad de acceder a información sensible sobre activos estatales que podrían quedar bajo riesgo de embargo si Argentina no cumple con el fallo.
Focos de presión: ARSAT, Aerolíneas y el Banco Central
Los fondos demandantes, entre los que se encuentran Burford Capital y Eton Park, buscan demostrar que empresas como ARSAT, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Central funcionan como “alter ego” del Estado argentino. Si logran esa calificación legal, podrían avanzar sobre sus activos en el exterior como forma de compensación económica.
En este punto, la jueza Preska deberá resolver si habilita el acceso a información patrimonial y operativa de estas firmas para evaluar su nivel de dependencia y control estatal.
Apelación sin garantías: un frente abierto
La convocatoria judicial coincidió con la apelación presentada por el Gobierno argentino a la orden que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF –actualmente en manos del Estado– como forma de pago. Sin embargo, la apelación se hizo sin presentar garantías, lo que en términos legales permite a los fondos continuar con pedidos de embargo mientras avanza la instancia recursiva.
Según la abogada experta en el caso, Maril, esta omisión le otorgó a los litigantes un margen mayor para presionar con nuevas medidas cautelares.
Tres caminos posibles y alto riesgo de embargo
El escenario judicial deja al país ante tres alternativas:
– Negociar un acuerdo de pago menor, que reduzca el monto del fallo.
– Entregar el 51% de YPF, lo cual requeriría la aprobación del Congreso y fue descartado por el propio presidente Javier Milei.
– Enfrentar embargos sobre activos estatales en el extranjero, si la Justicia estadounidense avala los planteos de los fondos.
Cabe recordar que la jueza Preska ya autorizó un embargo sobre las acciones de YPF, y ahora los demandantes avanzan con el mismo argumento para incluir a otras empresas públicas como potenciales garantes del incumplimiento argentino.
