La Secretaría de Energía de la Nación ultima detalles para lanzar la licitación del paquete accionario de cinco represas hidroeléctricas clave del sistema energético nacional: El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Planicie Banderita. Mientras tanto, el acuerdo político que permitió destrabar el proceso generó reacciones dispares en la región del Comahue.
Según confirmó EconoJournal, la Nación habilitó que las provincias de Neuquén y Río Negro perciban un canon del 1% cada una por el uso de los ríos Limay y Neuquén. Aunque ese gesto fue presentado como un reconocimiento de los derechos provinciales sobre el recurso hídrico —amparado en el artículo 124 de la Constitución Nacional—, lo cierto es que las provincias quedaron fuera de la propiedad de las centrales, a contramano de sus planteos iniciales.
“Peleamos por lo que nos corresponde. Neuquén tiene historia y presente en la generación hidroeléctrica”, declaró el gobernador Rolando Figueroa, quien además ratificó que la provincia insistirá en el reclamo por el pago completo de las regalías hidroeléctricas. Según denunció, el Estado nacional modificó la base imponible para calcular esos pagos, disminuyendo los ingresos provinciales por este concepto.
Desde Río Negro, el acuerdo fue acompañado con cautela. El gobernador Alberto Weretilneck había promovido en la Legislatura una ley para cobrar un 5% de la facturación bruta de las represas, en paralelo a la norma aprobada por Neuquén que establecía un canon de 0,005 dólares por metro cúbico de agua utilizada. Aunque ninguna de las dos leyes se reglamentó, sirvieron como instrumento de presión en la negociación con el Ministerio de Economía.
El trasfondo político del acuerdo quedó claro tras el decreto 718 de agosto de 2024, en el que el presidente Javier Milei ordenó reprivatizar las represas, transfirió las acciones de Enarsa al Tesoro y desactivó cualquier posibilidad de que las provincias tuvieran participación accionaria. El canon fue, en este contexto, la única concesión a los gobiernos provinciales.
En paralelo, la nueva licitación incluirá una cláusula de abastecimiento que obliga a las empresas adjudicatarias a destinar el 95% de la energía generada durante los primeros dos años a la demanda prioritaria —residencial—, a un precio fijado entre 15 y 20 dólares por MWh, sensiblemente inferior al costo actual de generación. El 5% restante podrá venderse a precio de mercado, con una liberalización gradual.
El proceso marca un nuevo modelo de gestión en el sector hidroeléctrico argentino: la Nación cede ingresos pero retiene el control. Las provincias —productoras del recurso natural— quedan como espectadoras de la propiedad y la operación, a cambio de una compensación económica que no necesariamente refleja el peso estratégico del agua en la generación de energía.
La situación reaviva un viejo debate: ¿es suficiente cobrar un canon y regalías sin intervenir en las decisiones estratégicas ni acceder a los beneficios empresariales? En un país con profundas asimetrías federales, el acuerdo puede verse tanto como un paso hacia el reconocimiento de derechos provinciales, como una resignación ante el avance del esquema centralista que propone el Gobierno nacional.
Mientras el proceso licitatorio avanza, quedará en las manos de los gobiernos provinciales —y de las comunidades involucradas— definir si el modelo vigente garantiza una distribución justa de los beneficios que genera el sistema hidroeléctrico o si se profundiza la lógica extractiva que históricamente ha caracterizado la relación entre Nación y territorios productores de energía.
