La Provincia del Neuquén cuenta desde ahora con la Ley 3531/25, promulgada por el gobernador Rolando Figueroa, que establece controles toxicológicos obligatorios a funcionarios de los tres poderes del Estado. La iniciativa había sido aprobada por mayoría legislativa el 17 de septiembre.
La ley fija que los funcionarios deberán someterse a pruebas toxicológicas como requisito para mantenerse en sus cargos. El objetivo es reforzar la integridad y transparencia en el ámbito público, asegurando un desempeño libre de vínculos con el narcotráfico o el consumo de sustancias ilegales.
La obligación incluye a autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a miembros de organismos descentralizados, empresas con participación estatal, intendentes y concejales.
Las pruebas serán realizadas por personal habilitado, de forma sorpresiva y en el lugar de trabajo. La negativa sin justificación se considerará equivalente a un resultado positivo.
También se prevé la conformación de una comisión autónoma integrada por representantes técnicos de los tres poderes, además de un registro confidencial para garantizar la trazabilidad de los controles y sus resultados.
