El gobierno provincial afina los detalles para implementar los primeros controles toxicológicos aleatorios en los tres poderes del Estado. En paralelo, avanza la redacción de un marco normativo que castigará con firmeza inconductas hoy impunes, responsabilizando penal y económicamente a los padres por los actos violentos de sus hijos en las escuelas.
La implementación del narcotest a funcionarios en Neuquén dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad inminente. Tras la reglamentación de la ley, las autoridades confirmaron que la próxima semana comenzarán los sorteos oficiales para someter a controles toxicológicos obligatorios a los miembros del Ejecutivo, el Poder Judicial y la Legislatura provincial.
La medida, que busca garantizar la transparencia y evitar cualquier vínculo entre el poder y el narcotráfico, se ejecutará mediante un sistema aleatorio a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN).
“Va a ser la foto del día. Te van a citar de manera aleatoria y sin conocimiento previo. Si un funcionario se niega a realizar el examen, la ley presume que el resultado es positivo”, explicó el legislador y contador Marcelo Bermúdez, uno de los impulsores de la iniciativa, tras mantener diálogos con el ministro de Salud, Martín Regueiro, y referentes legislativos.
El objetivo de la normativa (Ley 3405) no es demonizar el consumo problemático, que es considerado una enfermedad, sino erradicar la incompatibilidad absoluta que existe entre la toma de decisiones públicas, la justicia o la seguridad, y las redes del narcotráfico.
Un nuevo Código Contravencional: arrestos y multas
En paralelo a la agenda de transparencia política, la provincia trabaja en una herramienta fundamental para frenar la escalada de violencia urbana y escolar: la redacción de un nuevo Código Contravencional. El texto vigente data de 1962 y ha quedado obsoleto, dejando un vacío legal frente a conductas antisociales modernas.
El nuevo código, que actualmente se debate con intendentes y vecinos en distintas localidades del interior neuquino, busca sancionar inconductas que no llegan a ser delitos penales pero que alteran gravemente la paz social. Los jueces de paz tendrán la potestad de aplicar multas económicas y hasta 30 días de arresto.
Entre las faltas que se penalizarán se destacan:
- Agresiones físicas o verbales a docentes, médicos y personal de salud.
- Ruidos molestos y alteración del orden público.
- Arrojo de residuos en zonas no autorizadas (basurales clandestinos).
Los padres, responsables por las acciones de sus hijos
Uno de los puntos más innovadores y estrictos del proyecto apunta a la violencia escolar y juvenil. Ante la alarmante naturalización de agresiones hacia directivos y preceptores en los colegios, la nueva normativa hará responsables directos a los padres o tutores por las inconductas de los menores de edad.
“Hoy vemos a padres iracundos agrediendo a un docente, o chicos que llevan armas a las escuelas. Hemos naturalizado la agresión física y hemos degradado la autoridad del maestro y del policía”, señaló Bermúdez. “Este código obligará a los padres a hacerse cargo de las inconductas de los chicos. Estadísticamente, quien comete contravenciones recurrentes termina en el delito; si logramos frenarlo a tiempo, es un gran aporte contra la inseguridad”.
Con estas dos medidas, Neuquén busca marcar un precedente a nivel nacional: exigir conductas intachables a quienes manejan los destinos de la provincia y, al mismo tiempo, recuperar la autoridad y los valores básicos de convivencia en las calles y escuelas.
