El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, pese a que el Congreso rechazó los vetos presidenciales. Aunque las promulgará, adelantó que no asignará partidas presupuestarias, postergando su implementación hasta definir cómo se financiarán.
Desde la Casa Rosada explicaron que la suspensión busca coherencia con la medida tomada en la Emergencia en Discapacidad, donde también se demoró la aplicación por falta de fondos.
La decisión fue definida por la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, junto al viceministro Sebastián Amerio. Según el Ejecutivo, el impacto fiscal es considerable: la ley de Financiamiento Universitario representaría $1,96 billones (0,23% del PIB) y la de Emergencia Pediátrica unos $133.433 millones.
En paralelo, el Gobierno anunció una inversión de $30.000 millones en obras para el Hospital Garrahan, una medida interpretada como maniobra para mitigar el costo político de la decisión.
El Ejecutivo planea demorar la promulgación formal hasta el límite legal de diez días hábiles, apoyándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige indicar la fuente de financiamiento para leyes que impliquen gastos no previstos. La estrategia apunta a postergar la ejecución de fondos hasta el Presupuesto 2026 y evitar judicializaciones directas.
