El Ministerio de Capital Humano interpondrá un recurso contra la medida cautelar emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, bajo la supervisión de Martín Cormick, que le prohíbe suspender los programas sociales a las personas involucradas en manifestaciones o actos de violencia.
La medida se dio a conocer este miércoles por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una rueda de prensa en la que subrayó que “el Gobierno continuará trabajando para que la política social se implemente de manera directa, sin intermediarios, asegurando que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”.
En ese sentido, Adorni explicó que, según la decisión del juez, los criterios establecidos por el Gobierno para excluir a ciertos individuos de programas como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social podrían tener “indicios de ilegitimidad”.
Esto último se vincula a la consideración de que estos criterios podrían vulnerar el derecho a ser asistido, lo cual, según el magistrado, causaría un daño irreparable a aquellos en situación de vulnerabilidad.
No obstante, el vocero presidencial puntualizó que “ninguno de estos derechos está siendo vulnerado” y añadió que la resolución judicial favorece a “mafias que extorsionan a personas vulnerables, forzándolas a participar en marchas a cambio de un plan social”.
“El verdadero daño irreparable radica en que los aliados políticos se apropien de estos recursos y los utilicen para extorsionar a los más necesitados”, concluyó Adorni, reafirmando el compromiso del Gobierno de asegurar que la política social se ejecute de manera directa y sin intermediarios, garantizando que la asistencia llegue a quienes verdaderamente lo requieren.
El comunicado de Capital Humano
La cartera a cargo de Sandra Pettovello, publicó un escrito al que tituló “un Juez avala que quienes alteren el orden público y obstaculicen el derecho de circulación puedan seguir cobrando planes sociales”.
Allí apuntan contra la resolución del magistrado donde aclaran: “El derecho a ser oído no se encuentra afectado, limitado, ni restringido de ningún modo por establecerse como causales de egreso de un programa asistencial que el beneficiario ajuste su conducta a la ley al no participar, generar ni promover actos de violencia; ni cortar o interrumpir el libre tránsito de las personas afectando el derecho de sus semejantes”
“Al así decidir, el magistrado que resuelve la medida cautelar parte de la premisa -más bien, prejuicio- que la autoridad de aplicación al resolver sobre el egreso de un beneficiario por una de estas causales lo hará bajo una forma arbitraria y sin el debido sustento de los antecedentes tanto fácticos como jurídicos de la decisión, soslayando de esta forma la posibilidad del ciudadano de recurrir dicha resolución administrativa en caso de que la misma no se ajuste a derecho. De ese modo, no existiría tal afectación a la garantía de debido de proceso como la medida cautelar proclama”, sumó.
Para luego concluir que “esta cartera ministerial tiene el firme propósito de evitar dichas extorsiones y aprovechamientos espurios de esos colectivos sociales, por lo que apelará la decisión judicial que suspende cautelarmente los dos incisos que establecen causales de egreso a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social que describen normativamente actos de violencia o de afectación de derechos de terceros”.
