Con el objetivo de eliminar monopolios y garantizar mayor transparencia, el Gobierno nacional publicó hoy el decreto 138/25, que desregula la actividad de las sociedades de gestión colectiva (SGC), encargadas de administrar los derechos de autor y conexos en distintos rubros culturales.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, permitirá que los artistas sean los beneficiarios directos de sus obras, sin intermediarios.
Principales cambios
Fin del monopolio: Ahora, los autores podrán elegir libremente si se asocian a una SGC o gestionan sus derechos en forma individual.
Mayor competencia: Se establece un nuevo régimen general para las SGC, permitiendo la creación de nuevas entidades bajo normas de transparencia y rendición de cuentas.
Transparencia en los cobros: Los autores podrán conocer cuánto dinero se cobra en su nombre y cómo se distribuyen esos fondos.
Regulación de aranceles: El Ministerio de Justicia fijará topes máximos para los aranceles que las SGC pueden cobrar a los usuarios según el tipo y uso de las creaciones.
Fin del trato preferencial: Se prohíbe que las SGC otorguen privilegios a ciertos socios en la administración y cobro de derechos.
Impacto en las principales sociedades de gestión
AADI-CAPIF y SAGAI: Se modifican sus decretos para permitir la competencia y acuerdos bilaterales con los artistas.
Argentores: Al estar regulada por una ley específica (Ley 20.115), su monopolio no puede ser eliminado, pero sí se permiten acuerdos directos entre autores y usuarios para fijar aranceles.
Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, esta reforma “devuelve a los autores el control sobre sus derechos” y obliga a las SGC a “brindar un servicio eficiente y eficaz a sus socios”.
Antecedentes: cambios en la propiedad intelectual
Esta medida se suma a la reforma de agosto de 2024 (Decreto 765/24), que redefinió el concepto de “ejecución pública” y exceptuó a hoteles y salones de fiestas del pago de derechos por la reproducción de música y películas en espacios privados.
Con este nuevo decreto, el Gobierno busca reducir la intervención estatal en la cultura, promoviendo la libre competencia y la autonomía de los artistas en la gestión de sus derechos.
