El Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de Ley de Libertad Educativa, previsto para ser tratado en las sesiones extraordinarias. La iniciativa propone una reforma integral del sistema educativo argentino, con cambios en la organización pedagógica, administrativa y en las modalidades de enseñanza.
El proyecto deroga la Ley de Educación Nacional y establece un marco que otorga mayor autonomía a las instituciones, incorpora educación en el hogar, modalidades virtuales y fija igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas. Según el texto, el objetivo es actualizar la estructura del sistema y ampliar las opciones para las familias.
Uno de los puntos centrales es la definición de la libertad educativa como derecho fundamental, con un rol más activo de los hogares en la formación de los estudiantes. El Estado queda como garante del acceso y la calidad, con responsabilidad en la regulación y el seguimiento.
La propuesta crea un Sistema Nacional de Educación basado en la diversidad pedagógica, mantiene la gratuidad de la educación estatal y prevé un esquema de financiamiento con criterios centrados en el estudiante, que incluye aportes a instituciones privadas y herramientas como vales o becas.
También incorpora modalidades alternativas, entre ellas educación en el hogar y entornos virtuales, acompañadas de un sistema de evaluaciones estandarizadas para acreditar aprendizajes.
El proyecto fija contenidos mínimos comunes a nivel nacional y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), voluntario, destinado a medir los saberes al finalizar la secundaria.
En materia docente, se propone una nueva carrera profesional, con evaluaciones periódicas y formación continua. Asimismo, se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, responsable de establecer estándares y coordinar políticas educativas.
