El Gobierno nacional presentará este martes el texto definitivo de la reforma laboral ante el Consejo de Mayo, en una instancia clave para el oficialismo que busca una aprobación rápida en el Congreso. La propuesta integra un paquete amplio de reformas económicas y regulatorias que abarca cambios en la compra de tierras, el sistema de seguros, el transporte fluvial y el régimen de patentes.
El Ejecutivo confirmó que el proyecto incorpora modificaciones profundas en los aportes sindicales, un punto que generó negociaciones intensas con las centrales gremiales. La postura impulsada por Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello terminó imponiéndose, con el objetivo de limitar las fuentes de financiamiento de los sindicatos.
La iniciativa prevé reducir en un 6% los aportes a obras sociales pagados por el empleador. Desde el mes siguiente a la promulgación, también comenzarán las reducciones en los aportes patronales destinados a seguridad social, asignaciones familiares y subsistemas vinculados.
A las 13.30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará el proyecto ante los miembros del Consejo de Mayo. Participarán Cristian Ritondo, Carolina Losada, Martín Rappallini, Gerardo Martínez y Alfredo Cornejo, junto con Federico Sturzenegger y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Uno de los núcleos centrales apunta a clarificar criterios indemnizatorios y reducir la discrecionalidad judicial. El proyecto elimina reclamos de daños sin justificación y traslada al trabajador la carga de la prueba cuando denuncie perjuicios vinculados a un despido.
El Gobierno sostiene que estas medidas podrían impulsar la contratación en regiones menos desarrolladas. Con la adaptación de convenios que incluyan salarios diferenciales, se estima que el empleo podría crecer hasta un 17% en el noroeste.
El paquete también avanza con cambios en la compra de tierras por extranjeros, la expansión del mercado de seguros, la desregulación del transporte fluvial y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. En la Casa Rosada afirman que estas reformas representan un punto de inflexión para la competitividad productiva y la inserción internacional.
