Una de las socias fundadoras denunció manejos irregulares sostenidos durante casi dos décadas. En diálogo con Rivadavia Neuquén, expuso cómo miles de familias siguen sin casa y exigió mayor control por parte del Estado provincial.
La crisis habitacional en la región sumó un nuevo capítulo judicial con los reclamos por presuntas estafas en la cooperativa 127 hectáreas. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Ema Ibáñez Castillo, socia fundadora de la entidad y actual damnificada, relató el esquema de promesas incumplidas y manejos de dinero sin control que afectó a miles de vecinos a lo largo de veinte años. Desde los pasillos de la fiscalía, donde se desarrollaba una audiencia clave, la vocera apuntó contra la directiva por jugar con la ilusión de la casa propia.
Según los datos que se desprenden del caso, la organización llegó a registrar unos 7000 inscriptos a lo largo de su historia, de los cuales miles continúan a la espera. De los proyectos originales que prometían soluciones habitacionales masivas, se calcula que apenas se concretaron unas 560 casas. Ibáñez Castillo recordó que ingresó al proyecto inicial en 2006, durante una convocatoria barrial en el sector de Don Bosco II. Si bien llegó a desempeñarse como protesorera, renunció a fines de 2007 tras observar conductas que consideró inapropiadas por parte del presidente, Jorge Salas.
“Llegaba todos los días a la tardecita a retirar el dinero y que nadie sabía a dónde iba ese dinero”, reveló la damnificada respecto al manejo de los fondos recaudados. En ese mismo período, notó un fuerte e inexplicable cambio en el nivel de vida del dirigente. “Empezó a arreglar su casa, cambió el auto, cambió la ropa, cambió un montón de cosas”, enumeró.
El laberinto judicial y las promesas repetidas
A pesar de su renuncia temprana, Ibáñez Castillo relató que el sistema estatal la empujó a regresar a la entidad años más tarde. Según explicó, desde el organismo provincial Ruprovi exigían inscribirse allí para poder acceder a una oportunidad inmobiliaria. Al retomar el vínculo, nuevamente en contacto con la radio neuquina, relató el sinfín de excusas que recibió: “En el año 2020 me iba a dar vivienda, luego no, en el año 2022 y bueno, estamos en el 2026 y aún hay gente que comenzó conmigo en el 2006 y tampoco tiene vivienda”.
El hartazgo derivó en una denuncia formal que logró agrupar a unas 350 personas. La fiscalía interviniente se dispuso a formular cargos por irregularidades contra el titular Jorge Salas, Roxana Huircamán y la ex tesorera Beatriz Lebrero. “En principio eran once […], no sabemos por qué quedaron solamente estos tres”, cuestionó Ibáñez Castillo. La tensión acumulada por las demoras generó tal nivel de enojo entre los ahorristas que los acusados debieron ingresar a la sede judicial bajo custodia policial para evitar agresiones.
El miedo a denunciar y la falta de auditorías
A pesar de que el número de víctimas ascendería a casi 6000 personas, la cantidad de denunciantes sigue siendo baja en proporción. La referente de los damnificados aseguró que esto responde a un factor psicológico y de necesidad. “Tienen miedo de perder la posibilidad de tener vivienda porque de verdad, yo creo que hay mucha gente que no se animó a hacerlo por eso”, sentenció con preocupación.
En el tramo final del diálogo, también se señalaron polémicas relacionadas a quiénes terminaron recibiendo las pocas unidades construidas. Se denunció que, pese a tratarse de tierras fiscales cedidas por la provincia para viviendas sociales, algunos inmuebles fueron entregados a profesionales del ámbito privado que no cumplirían con los requisitos de vulnerabilidad exigidos por organismos como el IPVU. Frente a esto, los damnificados exigieron que el Estado aplique auditorías permanentes sobre las organizaciones sociales para evitar que el sueño de la casa propia termine siendo una estafa sistemática.
