Vecinos del sector exigen avances en las obras de infraestructura básica tras meses de demoras oficiales. Denuncian fallas administrativas en la provincia y un complejo vacío jurisdiccional con el municipio de Centenario.
La regularización del barrio Unión se encuentra paralizada debido a constantes demoras administrativas y problemas técnicos en las dependencias provinciales. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el referente vecinal Cristian Albarenga detalló el estado de las gestiones y las dificultades cotidianas que enfrentan las más de 200 familias radicadas en el sector.
El conflicto cobró visibilidad a partir del 7 de junio, cuando los vecinos decidieron organizarse tras múltiples reuniones sin resultados con Martín Villán, actual director del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Albarenga explicó que presentaron notas formales en el Ministerio de Gobierno, la Casa de Gobierno y el Ministerio de Infraestructura, sin obtener soluciones concretas al reclamo habitacional. “Estamos viendo, estamos haciendo, vamos a hacer, estamos contratando, vamos a contratar, y nunca hicieron nada”, relató el representante barrial respecto a las respuestas oficiales.
Promesas incumplidas y un sistema caído
El 16 de julio se concretó un encuentro en la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) que contó con la participación de la subsecretaria de Gobierno, Ana Servidio, y funcionarios del IPVU, entre ellos Juan Grandi. Durante esa jornada, el gobierno se comprometió a realizar un vuelo con dron operado por un agrimensor para trazar el plano de prefiguración del barrio en un plazo de 15 a 20 días hábiles. Este relevamiento es indispensable para delimitar el ancho de las calles y veredas, lo que habilitaría el ingreso futuro de los servicios de agua, luz y gas.
A pesar de los plazos estipulados, el proceso no logró completarse. El personal de campo del IPVU ingresó al barrio en cuatro oportunidades durante el último mes y medio, pero los recorridos se realizaron de forma desorganizada y sin notificar previamente a los vecinos para que permanecieran en sus domicilios. Al acercarse a las oficinas del organismo para consultar por el estado de los expedientes, los residentes recibieron como única justificación que el sistema informático se había caído, lo que impedía avanzar con los trámites.
En este contexto, la comisión vecinal recordó que el gobernador Rolando Figueroa se había comprometido públicamente a destinar los fondos necesarios para llevar agua y luz al sector. “Si el gobernador Rolando Figueroa te dijo que está la plata, se comprometió públicamente que hay plata, que vamos a regularizar, que vamos a llevar el agua, la luz para ese sector… Bueno, si está la plata, ¿cuál es el problema? Contratá lo que tenés que contratar, comprá lo que te falte comprar, computadoras modernas”, cuestionó el entrevistado.
Crecimiento demográfico y crisis habitacional
La población del lugar experimentó un incremento sostenido en los últimos años. Hace siete años residían apenas 60 familias en la zona, mientras que en la actualidad el número asciende a 220 hogares. El referente vecinal, quien llegó a la región desde Formosa hace 17 años y estuvo inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda y Urbanismo (Ruprovi) durante más de una década, explicó que adquirió su terreno en el barrio desconociendo que se trataba de un asentamiento irregular. “Yo estoy recontra remil podrido de pagar alquiler, tengo que buscar una forma”, expresó al recordar los motivos económicos que lo llevaron a instalarse allí tras agotar otras vías.
Durante la entrevista, Albarenga manifestó su postura contraria a las tomas de tierras y criticó la ineficacia de las políticas habitacionales históricas de la provincia. Responsabilizó a la gestión estatal por la proliferación de asentamientos, señalando que el IPVU tiene 45 años de existencia y la ciudad registra hoy alrededor de 30 tomas activas. Además, cuestionó la doble vara respecto a las ocupaciones territoriales de distintos estratos sociales, mencionando como ejemplos de tomas vip a sectores del Rincón Club de Campo y Santa Genoveva. Como alternativa a las ocupaciones, propuso la implementación estatal de loteos sociales con servicios básicos garantizados.
Otras problemáticas: el conflicto jurisdiccional
Otro de los obstáculos centrales que frena el desarrollo del barrio es la superposición de jurisdicciones gubernamentales. El sector se encuentra físicamente dentro del ejido urbano de Centenario, pero el dominio de las tierras pertenece a la provincia de Neuquén y su administración fue delegada al IPVU mediante un decreto de la actual gestión.
Esta situación genera un vacío en la prestación de servicios básicos. La municipalidad de Centenario solo provee agua mediante un camión cisterna que abastece a una mitad del barrio los lunes, miércoles y viernes, y a la otra mitad los martes, jueves y sábados. Sin embargo, los vecinos dependen íntegramente de la capital provincial para el resto de su vida urbana: utilizan las líneas de colectivo 24 y 26, el servicio de recolección de residuos, acceden a la garrafa social y asisten a escuelas, clínicas y a la universidad en la ciudad de Neuquén. De hecho, los residentes cuentan con domicilio neuquino en sus documentos de identidad y realizan sus trámites de salud de PAMI dentro de la capital, lo que profundiza el desfasaje administrativo.
