En diálogo con Rivadavia Neuquén, el referente del FOL calificó la investigación judicial como un “show mediático” para criminalizar a las organizaciones sociales y aseguró que el dinero fue directo a los trabajadores.
El avance de la causa Viento Sur sumó un nuevo capítulo tras las contundentes declaraciones de Diego Mauro, dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). En diálogo con Rivadavia Neuquén, el referente social desestimó las acusaciones de la fiscalía sobre un presunto desvío de más de 1.200 millones de pesos, fondos que originalmente estaban destinados a programas de capacitación durante los años 2022 y 2023.
El caso, que ya superó la etapa preparatoria y se encamina hacia la audiencia de control de acusación, tiene en la mira a exfuncionarios provinciales como Abel Di Luca y Germán Chapino, además de dirigentes sociales. Sin embargo, para Mauro, la investigación liderada por el fiscal Pablo Vignaroli carece de sustento probatorio y responde a una estrategia política.
El “show” judicial y los allanamientos
Durante la entrevista radial, Mauro ironizó sobre el nivel de vida que se le adjudica desde la fiscalía y los medios. “No tengo automóvil, no me fui a Marbella de vacaciones ni nado en la abundancia”, sentenció. Además, relató los pormenores del allanamiento a su vivienda realizado el pasado 8 de noviembre: “Se llevaron un papel de la chacra y abrí la heladera y se llevaron dos limones. Lo digo en forma un poco irónica, pero las cosas que se rompieron nunca se hicieron cargo y lo que se llevaron nunca se devolvió”.
Para el dirigente, el despliegue mediático y policial —que incluyó a decenas de compañeros esposados— buscó generar un “efecto shock” en la prensa y en la sociedad, vulnerando a las familias de los involucrados. Acusó directamente a las autoridades de replicar a nivel provincial un modelo de estigmatización impulsado desde el gobierno nacional por figuras como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El destino de los fondos millonarios
Uno de los ejes centrales de la acusación es el paradero de los fondos transferidos a las organizaciones a través del Estado. Mauro fue categórico al respecto: “El 92% de la plata que se transfirió desde el gobierno a las organizaciones sociales en ese período están en los bolsillos de los vecinos y las vecinas que eran parte del laburo de las organizaciones”.
Explicó que este esquema de trabajo surgió hace más de dos años porque el Ministerio de Desarrollo Social no contaba con la infraestructura ni los programas para brindar asistencia y contención real, delegando así en las cooperativas la provisión de mano de obra y logística. “Nosotros pusimos el maestro mayor de obra, el trabajo y las herramientas. El resto del dinero está en maquinarias y herramientas”, detalló. Según expuso, las pericias contables de la propia fiscalía respaldarían que las transferencias llegaron a los trabajadores de los barrios.
Un escenario condicionado por la política
Mauro también cuestionó la asimetría de recursos en el proceso judicial. Señaló que mientras la fiscalía presentará una lista de decenas de testigos —en su mayoría efectivos policiales y funcionarios públicos—, la voz de las organizaciones está subrepresentada en el expediente.
El dirigente del FOL concluyó que el objetivo de fondo es mantener la causa en una suerte de limbo judicial para capitalizarla políticamente. “Nos van a tener así hasta las campañas del 2027”, proyectó, advirtiendo que la verdadera intención no es buscar la verdad administrativa, sino desactivar la capacidad de movilización de los sectores populares en la provincia del Neuquén.
