El proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” ingresó a la Cámara de Diputados. Amplía las sanciones vigentes e incluye fuertes multas —medidas en barriles de petróleo— para las empresas y proveedores que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
La administración de Javier Milei giró al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley destinado a endurecer drásticamente las sanciones contra cualquier persona o corporación que participe en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus áreas circundantes sin el aval de la República Argentina.
La iniciativa, denominada “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, lleva las firmas del presidente; del jefe de Gabinete, Diego Santilli; y de los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno y Carlos Presti. Su principal objetivo es actualizar el marco normativo sancionado en 2011. La diferencia central radica en que el nuevo esquema ya no se limita únicamente a la actividad hidrocarburífera, sino que extiende su alcance a todo tipo de recursos (renovables y no renovables) en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Multas millonarias atadas al valor del crudo
Un aspecto destacado del texto es la magnitud de las sanciones económicas. Aquellas compañías que desarrollen actividades prohibidas enfrentarán multas equivalentes a un rango de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la cancelación inmediata de cualquier permiso previo.
En los casos más graves, vinculados directamente con la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos no autorizados, la penalidad financiera podría dispararse hasta el equivalente a tres millones de barriles.
El impacto no es solo económico, ya que el proyecto estipula penas de prisión inéditas. Quienes exploten recursos no renovables de manera ilegal podrían enfrentar condenas de 12 a 20 años de cárcel, piso que se eleva a 15 años si el delito involucra petróleo.
La cadena de suministro tampoco queda exenta de la nueva lupa del Ejecutivo. Las empresas que provean bienes o servicios esenciales a sabiendas de su destino ilegal podrían ser inhabilitadas, perder sus beneficios impositivos y sus responsables correrían el riesgo de recibir entre 5 y 7 años de prisión. Como castigo máximo a nivel corporativo, se contempla la disolución y liquidación de las sociedades implicadas.
Sin embargo, el proyecto abre una ventana de salida: propone un “Régimen de Desistimiento y Regularización” para aquellas firmas que decidan abandonar sus operaciones en las islas y, a cambio, se comprometan a cumplir condiciones de inversión dentro del territorio argentino.
Seguridad Nacional y protocolos de defensa
Más allá del ámbito comercial, la iniciativa de la Casa Rosada traza una nueva doctrina de protección territorial. Se creará un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo rector, que será liderado por el Presidente junto a los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y la Jefatura de Gabinete. Este órgano articulará áreas de inteligencia, ciberseguridad, infraestructura y diplomacia.
Asimismo, se fijan reglas de intervención frente a embarcaciones o aeronaves consideradas “hostiles”. En el ámbito marítimo, las fuerzas argentinas estarán habilitadas para realizar advertencias, maniobras de interposición y disparos disuasorios. El texto aclara que el hundimiento de una nave queda estrictamente reservado como una última medida militar excepcional que requerirá la orden directa del jefe de Estado, prohibiendo expresamente su uso contra embarcaciones civiles a modo de sanción policial.
Con el expediente ya formalizado en la Cámara Baja, ahora se espera la definición del cronograma de comisiones para dar inicio a un debate parlamentario que promete marcar la agenda política de las próximas semanas.
