En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario de Finanzas municipal advirtió sobre el duro impacto social del programa del FMI y destacó que los impuestos locales vuelven a los vecinos mediante infraestructura y servicios.
Mantener activa la obra pública en Neuquén se consolidó como la principal herramienta de la gestión local para amortiguar el impacto de la recesión nacional. Mientras el Gobierno nacional celebra las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a nivel municipal la lectura es diametralmente opuesta: el superávit se está logrando a costa de desfinanciar áreas vitales y paralizar la actividad económica.
El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, analizó el actual escenario macroeconómico y dejó en claro la postura de la administración local. Para el funcionario, los aplausos del organismo internacional de crédito responden a una receta conocida que no contempla el desarrollo del país.
El costo social del superávit fiscal “Me da la sensación de que el FMI es la única persona que nos puede explicar bien la economía cuando nos felicita; es porque estamos haciendo las cosas como el iceberg del Titanic, vamos derecho al choque”, graficó el secretario durante la entrevista.
Schpoliansky cuestionó la viabilidad del actual plan de estabilización, señalando que la desaceleración de la inflación se apoya exclusivamente en un desplome de la demanda. “La inflación viaja al 32% anual, pero no es buenísimo porque el ajuste es brutal. Hay una recesión tremenda, el consumo se cae a pedazos y el déficit fiscal cero se logra desfinanciando universidades, el sistema científico tecnológico, la salud, el PAMI y cortando la obra pública”, detalló. Según datos recientes del INDEC, la actividad de la construcción a nivel nacional acumuló una caída interanual superior al 30% durante el primer semestre del año [VERIFICAR].
La administración de los recursos locales Frente a este panorama, el funcionario trazó una línea divisoria clara con la estrategia del intendente Mariano Gaido. Explicó que la misión del Estado municipal es garantizar que el esfuerzo de los contribuyentes se traduzca en una mejora directa de su calidad de vida.
“Nuestra función es que, si cobramos impuestos y tasas, esos fondos se destinen a la obra pública, la infraestructura, la recolección de residuos y el transporte”, afirmó. En este sentido, remarcó que existe una decisión política firme de sostener el plan de obras en todos los barrios de la ciudad, marcando un fuerte contraste con la paralización dispuesta por la Casa Rosada.
Concesiones y el control de los servicios públicos El rol del Estado como poder concedente también fue parte del análisis, especialmente al abordar la prestación de servicios esenciales. Al ser consultado sobre el funcionamiento de Calf, la cooperativa que distribuye la energía eléctrica en la ciudad y concentra a más de 90.000 usuarios [VERIFICAR], Schpoliansky fue tajante sobre los mecanismos de control.
“La Municipalidad concede el servicio. Si el concesionario brinda un mal servicio, la municipalidad tiene contratos que, aunque son a largo plazo, de 10 o 20 años, le permiten intervenir o exigir calidad”, explicó.
Deuda institucional y soberanía Sobre el tramo final, la charla derivó hacia problemas estructurales de la Argentina, como la extranjerización de tierras en zonas de frontera —mencionando casos emblemáticos como el de Joe Lewis en Lago Escondido— y la vigencia de normativas desactualizadas, como la Ley de Entidades Financieras que data de la última dictadura cívico-militar [VERIFICAR]. Para Schpoliansky, la falta de resolución de estos temas refleja una profunda deuda de la clase dirigente y subraya la urgencia de mejorar la calidad de las instituciones democráticas en el país.
