En diálogo con Rivadavia Neuquén, el politólogo Tomás de Leonardis advirtió sobre el proyecto de ley que amplía los topes para la extranjerización de tierras al 25%. La iniciativa facilita desalojos rápidos y encarece la obra pública, poniendo en alerta a regiones estratégicas de la provincia.
El debate sobre la tenencia y el uso del suelo rural en Argentina suma un nuevo capítulo de tensión. El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya transita su versión número 16 en el Congreso, propone modificaciones profundas que amenazan con reconfigurar el mapa productivo y soberano del país. Según el politólogo Tomás de Leonardis, la iniciativa no solo consagra una visión ideológica extrema sobre el dominio privado, sino que “facilita la concentración y la extranjerización de tierras” en áreas clave.
A nivel legislativo, el oficialismo contaría hoy con unos 31 o 32 votos seguros, un número ajustado frente a los 37 necesarios para aprobar un dictamen que, entre sus puntos más polémicos, propone elevar el límite de tierras rurales en manos de extranjeros.
Desalojos exprés y trabas a la obra pública
Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la flexibilización de los mecanismos de expulsión. La norma habilitaría el “desalojo rapidísimo” en un plazo de apenas 30 días, una medida que genera fuerte incertidumbre en Neuquén, donde existen conflictos territoriales históricos y tierras en proceso de regularización.
En paralelo, la ley busca complicar y encarecer la facultad constitucional del Estado para expropiar tierras con fines de utilidad pública. De Leonardis ilustró esta problemática con un caso local: la construcción de la ruta del tercer puente, que requirió la expropiación de chacras en la región. Con la nueva redacción, estas herramientas estatales quedarían virtualmente bloqueadas por los altísimos costos indemnizatorios exigidos, paralizando el desarrollo de infraestructura estratégica como rutas, represas o gasoductos.
El impacto en la Patagonia y el caso crítico de Lácar
La legislación vigente (Ley 26.737) establece que hasta un 15% de las tierras rurales del país pueden estar en manos extranjeras. En la actualidad, el promedio nacional apenas alcanza el 5%, lo que representa unos 13 millones de hectáreas. Sin embargo, ese número esconde realidades regionales alarmantes.
El nuevo dictamen propone elevar ese tope nacional y provincial al 25%, habilitando la venta de 26 millones de hectáreas adicionales. El problema radica en que el capital transnacional no busca tierras improductivas, sino que se enfoca en zonas de alto valor por sus recursos naturales y turísticos. En Neuquén, la situación ya es límite: el departamento Lácar tiene el 52% de su superficie extranjerizada. A nivel nacional, la concentración extranjera en zonas cordilleranas, Salta y Misiones supera ampliamente los topes legales actuales, situación que fue advertida por el Registro Nacional de Tierras Rurales en sus últimos informes oficiales.
Soberanía en jaque: de los pioneros a los mega magnates
El perfil del inversor extranjero también cambió drásticamente. El especialista remarcó que las tierras ya no son adquiridas por inmigrantes que buscan trabajar el suelo, sino por fondos de inversión y mega magnates tecnológicos internacionales que compran extensiones masivas (hasta 500.000 hectáreas por operación) buscando acaparar litio, agua dulce y desarrollar turismo de alta gama.
Para graficar el riesgo de ceder soberanía sobre los recursos, De Leonardis recordó el desastre ecológico y social provocado a principios del siglo XX por The Forestal Land, Timber and Railways Company. Aquella compañía inglesa llegó a tener 400 kilómetros de vías férreas propias en el norte argentino, operando como un Estado paralelo, para luego retirarse dejando un territorio arrasado. Un fantasma del pasado que, de aprobarse esta nueva ley, podría volver a tomar forma en la Patagonia.
