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La legislatura reclamó al pami garantizar la atención de los jubilados en neuquén

La crisis del PAMI en Neuquén atraviesa uno de sus momentos más críticos. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el diputado provincial Darío “El Pampa” Peralta (Unión por la Patria) trazó un crudo panorama sobre la situación que enfrentan casi 50.000 beneficiarios en la provincia, marcados por la falta de cobertura médica y el inminente colapso de la atención en el sector público de salud.

“Tenemos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas abandonados por un gobierno nacional que ha decidido solo ocuparse de ver si puede contener los números de la inflación a cambio de que el pueblo la pase muy mal”, definió el legislador al analizar el rumbo de las políticas económicas y sanitarias actuales.

Desfinanciamiento y deuda millonaria

El eje central del reclamo radica en el corte de servicios por parte de los prestadores privados en la región. En un nuevo bloque de declaraciones, Peralta precisó el origen del conflicto: “Las clínicas privadas dejaron de atender al PAMI porque tiene más de 1.500 millones de deuda para con las clínicas privadas“.

Sin embargo, el diputado aclaró que la obra social no carece de ingresos genuinos. Explicó que los trabajadores activos continúan aportando mensualmente el 5% de sus salarios, una cifra que estimó en decenas de miles de millones de pesos que se retiran de la provincia hacia la administración nacional, pero que no regresan en prestaciones médicas para los jubilados locales. “No porque no haya trabajadores, los trabajadores siguen aportando”, enfatizó.

Presión sobre la salud pública

El repliegue del sector privado generó un efecto dominó inmediato sobre el sistema sanitario provincial. Durante la entrevista, el conductor del programa aportó un dato estadístico alarmante: el 12% de las internaciones en los hospitales públicos neuquinos corresponden a afiliados a la obra social nacional.

Peralta profundizó sobre el impacto diario de este vaciamiento y graficó el panorama en las guardias y consultorios. “Terminan yendo dos de cada tres jubilados yendo a atenderse al sistema público de salud”, indicó. Esta situación obliga a los adultos mayores a hacer filas a la intemperie desde las 4 de la mañana para conseguir un turno. A este escenario de saturación, sumó que el conjunto de las obras sociales (no solo el PAMI) mantiene una deuda que supera los 3.000 millones de pesos con los centros de salud del Estado neuquino.

Reclamo de acciones legales

Ante el avance de los recortes, desde su bloque legislativo impulsaron medidas concretas para confrontar el desamparo de los afiliados y defender los recursos neuquinos frente a las decisiones de la Casa Rosada.

El diputado recordó una iniciativa presentada en la Legislatura que busca dotar a la provincia de herramientas para litigar: “Entendíamos que había que instruir, que la herramienta legal era instruir a nuestro fiscal de estado a la provincia a que inicie acciones legales por cada uno de los contratos que rompiera el gobierno nacional“. En este punto, hizo un fuerte llamado de atención a los diputados y senadores nacionales por Neuquén, instándolos a alzar la voz para defender la obra social, destacando únicamente las gestiones del diputado Pablo Todero.

Otros temas: presupuesto, rutas y ética pública

Durante el tramo final de la entrevista, el legislador repasó otros ejes críticos de la agenda política y estatal:

  • Subejecución presupuestaria: Cuestionó la celebración del superávit fiscal cuando este responde a la inacción. Aseguró que es una mala administración llegar a fin de año con un 40% del presupuesto sin ejecutar frente a las graves necesidades sociales y de infraestructura.
  • Impuesto a los combustibles: Reclamó por la falta de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados bajo este tributo municipal, señalando que el dinero no se refleja en mejoras reales y tangibles para el estado de las rutas.
  • Transparencia patrimonial: Insistió en la necesidad de avanzar y aprobar el proyecto de ética pública que obliga a todos los funcionarios a presentar y hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes de forma anual.

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