Tras el rechazo a su impugnación, la abogada de las víctimas del caso del Jardín 31, Celina Fernández, repasó el duro proceso judicial contra Walter Guido Herrera. Los motivos legales por los que no cumple pena en una cárcel y las drásticas modificaciones edilicias y de protocolo en la institución.
El caso del Jardín 31 marcó a fuego a la comunidad educativa y a decenas de familias que debieron enfrentar un extenso y doloroso proceso judicial. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Celina Fernández, abogada representante de las víctimas, brindó detalles sobre la reciente confirmación de la pena a 18 años de prisión contra el docente Walter Guido Herrera y explicó por qué el condenado aún no se encuentra en una cárcel común.
Durante la entrevista, el conductor Diego Ordoñez repasó la crudeza del expediente, que derivó en la condena por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos de abuso gravemente ultrajante y nueve abusos simples. Ante la consulta sobre la extensión y el impacto del proceso, que se desarrolló bajo la modalidad de juicio por jurados durante casi un mes, la querellante no ocultó el desgaste emocional de las familias. “Yo por momentos te juro que perdía la fe en la humanidad”, confesó la abogada.
Sin embargo, destacó la importancia de la participación ciudadana en la resolución. “Esta persona fue […] declarada responsable por integrantes de la sociedad neuquina”, remarcó Fernández. Tras ese veredicto, un juez técnico fue el encargado de definir la cantidad de años de la pena.
El revés judicial para la defensa y la espera de la Corte
La defensa de Herrera buscó revertir el escenario a través de un recurso ante el Tribunal de Impugnación. Según detalló Fernández en Rivadavia Neuquén, la estrategia del docente apuntaba a revertir todo el fallo. “Él […] apeló o intentó apelar las dos cuestiones, no solo la sanción sino también la responsabilidad que le declararon en el juicio por jurados”, explicó. El objetivo final era claro: “Así lo absolvían de todos los delitos y, en subsidio, apelaba digamos también la condena pidiendo la mínima”.
El recurso fue declarado inadmisible y, como respuesta institucional, el tribunal le cerró la puerta a una nueva revisión de la prueba. “Mire, esta sentencia no es arbitraria, nosotros no vamos a volver a revisar estos hechos”, resumió la abogada sobre la postura de los jueces. No obstante, al condenado le queda una última vía legal: un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta que esa instancia no se resuelva, la sentencia no estará firme.
Por qué sigue con prisión domiciliaria
Uno de los puntos que mayor indignación genera en la sociedad es que Herrera —quien tiene alrededor de 47 años— se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. Fernández aclaró que esta situación responde a límites procesales estrictos. Al ser catalogado como un “caso complejo”, los plazos de la prisión preventiva (cuyo máximo general es de dos años) se duplicaron. Sin embargo, ese tiempo extraordinario también se agotó, obligando a la justicia a morigerar las condiciones de encierro mediante el arresto domiciliario.
Cambios estructurales y la desconfianza escolar
El daño provocado obligó a replantear por completo la dinámica del establecimiento para garantizar la seguridad de los menores. A nivel institucional, se modificaron los protocolos de trabajo docente. “Empezaron a trabajar en duplas de manera obligatoria”, puntualizó la abogada, para evitar que cualquier docente quede a solas con los niños. Además, se evidenciaron problemas edilicios clave, como la ubicación de la sala de música, que se encontraba al fondo del pasillo y sin visión hacia el hall principal.
El desafío posterior para las familias, atravesadas por el dolor y los ataques recibidos incluso en redes sociales por agrupaciones de docentes, fue inmenso. “Fue tener que volver a confiar en una institución educativa”, concluyó Fernández.
