La renta petrolera se consolidó como el eje ineludible del debate económico en la región ante el crecimiento acelerado de Vaca Muerta. Detrás de los récords de producción que mes a mes celebra la industria, asoma una realidad financiera que tensiona a las arcas provinciales y municipales: la distribución de las ganancias está lejos de ser equitativa para los dueños originarios del recurso.
Los números del barril: entre costos, ganancias y retenciones
Durante la entrevista, el analista económico desarmó la estructura de costos e ingresos que genera la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina. Tomando como base teórica un barril comercializado a 100 dólares —para simplificar el análisis del Brent, que actualmente oscila los 80 dólares—, el esquema evidencia una fuerte concentración de capital a nivel nacional.
Del total de ingresos por barril, 30 dólares se destinan estrictamente al costo de producción, incluyendo logística, insumos, servicios y salarios. Otros 30 dólares representan el margen de rentabilidad promedio del sistema para las empresas operadoras. De los 40 dólares restantes, el Estado nacional absorbe 27 en concepto de tributos directos e indirectos, como retenciones a las exportaciones, Impuesto a las Ganancias, IVA y el impuesto al cheque.
A la provincia de Neuquén le ingresan apenas 13 dólares en concepto de regalías (históricamente fijadas en torno al 12%). La situación es aún más crítica en el último eslabón de la cadena: los municipios neuquinos reciben, vía coparticipación provincial, el equivalente a apenas 60 centavos de dólar por cada barril extraído de su territorio.
El impacto del desfinanciamiento nacional en la infraestructura local
Este desfasaje distributivo adquiere mayor gravedad bajo el actual escenario político. El Estado nacional, que recauda el 27% del valor de cada barril producido en territorio neuquino, ha cortado drásticamente la contraprestación hacia la provincia desde diciembre de 2023.
La parálisis de la obra pública, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el freno a los fondos para rutas y caminos obligan a las administraciones locales a cubrir demandas gigantescas con presupuestos acotados. Como ejemplo del déficit de arrastre, se mencionó que la ciudad de Neuquén aún tiene cerca de 3.000 cuadras sin asfaltar y una imperiosa necesidad de ampliación en sus redes cloacales, obras vitales que no pueden financiarse con 60 centavos por barril.
Industrializar en origen: el antídoto contra los “pueblos fantasma”
Neuquén avanza hacia un nivel de exportación sostenido, con proyecciones que apuntan a superar el millón de barriles diarios a mediano plazo (hoy la producción provincial promedia los 400.000 barriles por día). Frente a este volumen, el debate de fondo es cómo utilizar esa renta de un recurso no renovable para evitar que las localidades terminen convertidas en “pueblos fantasma”, como ocurrió en enclaves mineros de Chile o antiguos yacimientos del sur argentino donde la riqueza se extrajo sin diversificar la matriz económica local.
Para salir de este esquema extractivista básico, los especialistas subrayan que Neuquén necesita dar el salto hacia la industrialización en origen. La instalación de destilerías, refinerías y plantas productoras de fertilizantes como la urea, permitiría agregar valor en la provincia, generar empleo de calidad y retener una cuota mucho mayor de los ingresos. Paralelamente, se plantea el desafío de rediscutir el marco normativo nacional para exigir que el gobierno central reinvierta en infraestructura local al menos una parte proporcional de los dólares que se lleva de la Patagonia.
