Sindicatos y organizaciones sociales se concentrarán este miércoles en el monumento a San Martín para marchar hacia la Legislatura. Advierten que el Proyecto GNL en Neuquén reducirá drásticamente las regalías provinciales, otorgará beneficios fiscales por 30 años a las empresas y agravará el desfinanciamiento en sectores críticos como la educación, la salud y los comedores populares.
El debate por el Proyecto GNL en Neuquén marca un punto de inflexión en la agenda energética, política y social de la provincia. Este miércoles a las 10 de la mañana, el monumento a San Martín será el epicentro de una masiva concentración convocada por diversos sindicatos y organizaciones sociales. El objetivo es marchar hacia la puerta de la Legislatura para exigir que se frene el tratamiento de la iniciativa, la cual, aseguran, compromete el futuro económico de la región y el sostenimiento del Estado.
Neuquén, consolidada como el epicentro de la producción hidrocarburífera del país a través de Vaca Muerta, enfrenta la constante paradoja de batir récords de extracción mientras sostiene demandas estructurales urgentes. En este contexto, los gremios advierten que la nueva normativa agravará las desigualdades.
Las claves del rechazo: exenciones y caída de regalías
Los referentes gremiales señalan que el acuerdo en discusión plantea un esquema de beneficios fiscales que resulta perjudicial para las arcas públicas. Según denunciaron tras el paso del proyecto por las comisiones, la iniciativa establece una reducción drástica en las regalías que percibe la provincia, bajándolas de un promedio del 15% a un 7,5%. A esto se sumaría un polémico esquema de exención total de impuestos para la extracción y producción de GNL durante los próximos 30 años.
El proyecto, impulsado inicialmente mediante un convenio entre el Ejecutivo provincial e YPF, establece lineamientos a los que podrá adherir cualquier otra operadora privada, consolidando un blindaje fiscal de tres décadas.
El impacto en las cuentas públicas y la crisis social
Uno de los puntos más críticos que expone la dirigencia sindical es la enorme asimetría entre las obligaciones corporativas y el costo que deberá asumir el Estado neuquino. Mientras se anuncian inversiones privadas millonarias, se calcula que la provincia deberá desembolsar el triple de esos montos en infraestructura de soporte (rutas, servicios y logística), recurriendo a la toma de deuda pública.
Esta ecuación, advierten desde las organizaciones, profundizará el desfinanciamiento de áreas vitales para la comunidad. La falta de recursos ya es palpable: los referentes sociales señalaron que en las últimas semanas los comedores populares han reportado faltantes de alimentos por más de 20 días. La crisis económica ha empujado a que espacios que antes asistían a 120 personas, hoy deban contener a más de 600.
Con duras críticas al tratamiento “exprés” en el recinto y a la falta de diálogo —denuncian que solo tres diputados accedieron a recibirlos—, la jornada del miércoles asoma como una prueba de fuego tanto para el oficialismo como para la oposición en la defensa de los recursos provinciales.
