En diálogo con Rivadavia Neuquén, vecinos confirmaron la medida ante la Cámara de Apelaciones de Cipolletti tras agotar las vías administrativas. Advierten que cerca de 28.000 personas consumen agua contaminada y denuncian desidia gubernamental.
La demanda histórica por la falta de agua potable en Balsa Las Perlas finalmente se trasladó a los tribunales. Hartos de las demoras y ante el inminente riesgo sanitario, un grupo de vecinos presentó este jueves un recurso de amparo colectivo y ambiental para exigir que el Estado garantice el acceso seguro a este servicio básico.
En diálogo con Rivadavia Neuquén, Patricia Brick, vecina de la zona, detalló que la medida se tomó tras chocar repetidamente contra la inacción burocrática. “Ya agotamos todas las instancias de trámites administrativos, por lo que ahora solo queda confiar en que la justicia haga su trabajo; las leyes nos amparan”, aseguró desde la sede de la Cámara de Apelaciones de Cipolletti, en calle Yrigoyen 387.
Un riesgo sanitario comprobado
El escenario que describen los habitantes es crítico y afecta a unas 8.000 familias, lo que se traduce en aproximadamente 28.000 personas. Actualmente, solo el barrio 33 Hectáreas cuenta con una red, pero el agua apenas recibe un tratamiento superficial de cloración, sin los procesos necesarios para ser apta para el consumo humano.
Para sustentar el amparo, los vecinos adjuntaron estudios técnicos. En marzo de este año, se analizaron muestras de las captaciones que abastecen al 60% de la comunidad. Los resultados fueron alarmantes: detectaron bacterias coliformes, exceso de sulfatos, presencia de arsénico y nula cantidad de flúor y cloro. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada al arsénico en el agua de consumo está directamente vinculada con problemas de desarrollo y diversas afecciones crónicas.
“El agua está en muy malas condiciones”, remarcó Brick, advirtiendo que, durante el verano, el suministro colapsa por completo y los hogares se quedan sin una sola gota.
Promesas incumplidas y abandono estatal
El malestar vecinal apunta directamente a las autoridades municipales. La vocera recordó un plan de tres etapas al que se habían comprometido el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra. Según denunciaron en la entrevista, la primera fase se cumplió a medias y dejó las calles destrozadas, la segunda nunca se ejecutó, y la tercera —que implicaba el traspaso del servicio a la empresa provincial ARSA— quedó en la nada.
Pese a la falta de infraestructura estatal, las familias demostraron voluntad de regularización: compraron sus terrenos, pagan su factura de luz a Edersa y asumen sus obligaciones cívicas, por lo que exigen que el Estado responda en la misma medida.
El impacto en los más vulnerables
El consumo sostenido de agua no potabilizada ya dejó consecuencias tangibles en la comunidad. Los vecinos reportan un incremento constante en los casos de gastroenteritis, un cuadro que se vuelve más peligroso debido al precario sistema de salud del paraje. “A veces ni siquiera te hacen los análisis correspondientes, solo te dan medicación”, lamentó Brick.
Lejos de resignarse, los vecinos dejaron en claro que mantendrán el reclamo hasta las últimas consecuencias: “Las personas tenemos que trabajar para vivir, hacer esto cuesta tiempo y esfuerzo, pero no vamos a bajar los brazos. Creemos que la justicia obrará en favor de las leyes que nos amparan”.
