En una decisión que genera repudio y desconcierto, el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de la jueza subrogante Mariel Borruto, resolvió habilitar a Cristina Fernández de Kirchner a votar en las próximas elecciones, pese a estar condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo declaró la inconstitucionalidad de los artículos 19 inciso 2 del Código Penal y 3 inciso “e” del Código Electoral Nacional, con el argumento de que vulneran el derecho al sufragio. Con esta decisión, la expresidenta quedó registrada como electora activa, aunque permanece legalmente inhabilitada para ser candidata.
Se trata de una medida que contradice lo establecido por la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema, y que altera gravemente los principios básicos de equidad y responsabilidad en democracia. Resulta alarmante que, en un país donde la corrupción genera estragos económicos y sociales, se habilite a una condenada por fraude a mantener derechos políticos.
La causa de fondo recuerda que Cristina Kirchner fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, tras desviar fondos millonarios en la obra pública durante sus gobiernos.
Aunque por razones prácticas no podría votar (al no estar detenida en una unidad habilitada), la resolución judicial sienta un precedente peligroso y vuelve a dejar en evidencia la fragilidad del sistema judicial argentino, que parece responder más a conveniencias políticas que a la defensa de la legalidad.
