En diálogo con Rivadavia Neuquén, Marcelo Guagliardo alertó sobre el brutal ajuste presupuestario y la violencia social que golpea a las escuelas.
La tensión por el futuro del sistema público de enseñanza fue el eje central durante las elecciones en CTERA, un proceso democrático que convocó a casi 400.000 docentes en todo el país. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Marcelo Guagliardo, miembro de la junta ejecutiva de la confederación, analizó el complejo panorama que atraviesan las instituciones, marcado por la eliminación de la paritaria nacional y un severo retroceso en la inversión estatal que pone en jaque el derecho a la educación.
El impacto del recorte en las aulas El escenario económico actual presenta desafíos sin precedentes para el funcionamiento del sistema. Según detalló Guagliardo, el presupuesto educativo nacional previsto para 2026 refleja una drástica caída del 78% en términos reales respecto al 2023. Este desplome no solo deprime el piso salarial de los maestros en las provincias, sino que impacta de lleno en el sostenimiento de la infraestructura, el equipamiento tecnológico, las becas y el funcionamiento de los comedores escolares.
El dirigente fue tajante al señalar el retroceso que implica la pérdida de la paritaria, una herramienta conquistada mediante la Ley de Financiamiento Educativo de 2005. Sin esta instancia nacional, las provincias quedan libradas a su propia capacidad de recaudación. “El Estado Nacional debe garantizar los recursos mediante el fondo de compensación de desigualdades salariales; de lo contrario, se profundizan las brechas en un país tan extenso”, remarcó.
La escuela como caja de resonancia social Otro de los ejes críticos abordados fue el aumento de la conflictividad dentro de las instituciones. Lejos de estigmatizar el ámbito escolar, Guagliardo explicó que los episodios de violencia son un reflejo directo del clima de intolerancia y frustración económica que atraviesan los hogares.
“Hay una sociedad que se está poniendo cada vez más violenta y la escuela no es un espacio ajeno a eso”, reflexionó. En muchos barrios vulnerables, el establecimiento educativo se erige como el último y único espacio público estatal en el territorio, absorbiendo demandas, carencias nutricionales y tensiones que exceden ampliamente la tarea estrictamente pedagógica de los docentes.
La deuda de la jornada completa El fortalecimiento del tiempo escolar en el nivel primario sigue siendo una promesa incumplida a nivel país. Aunque la Ley de Educación Nacional (26.206), sancionada a fines de 2006, establecía metas claras para la implementación progresiva de la jornada extendida o completa, la realidad dista mucho de ese objetivo institucional.
Aplicar este formato requiere una inversión estructural masiva —construcción de nuevos edificios o ampliación de los existentes— y un incremento sustancial en la creación de cargos docentes y partidas alimentarias. Para la dirigencia sindical, la falta de avance en este punto no responde a una falla de diseño, sino a una decisión histórica de desinversión que afecta principalmente a los sectores populares y restringe la igualdad de oportunidades.
