A más de tres años del trágico hecho en el cuartel de Zapala, la madre del joven denunció, en diálogo con Rivadavia Neuquén, graves irregularidades en la investigación judicial, pérdida de pruebas y el presunto ocultamiento por parte del Ejército.
El caso por la muerte del soldado Pablo Córdoba, hallado sin vida con dos impactos de fusil FAL en la cabeza dentro del Grupo de Artillería 16 de Zapala el 1 de junio de 2023, sumará un capítulo procesal determinante el próximo 9 de septiembre. A pesar de que inicialmente desde el ámbito militar se intentó instalar la hipótesis de un suicidio, la querella avanza con firmeza sobre la pista del homicidio y el encubrimiento institucional.
Natalia Uribe, madre del joven de 21 años, fue contundente respecto a la imposibilidad fáctica y balística de que su hijo se haya quitado la vida. “Los disparos que tiene mi hijo en su cabeza no son de la misma arma”, sentenció, respaldándose en las pericias forenses que revelaron dos orificios de entrada con trayectorias completamente distintas: uno debajo del mentón y otro en la sien derecha. Según estadísticas de criminalística forense, los casos de suicidio con armas largas de grueso calibre que presentan múltiples impactos efectivos en el cráneo son virtualmente inexistentes a nivel global.
Las pericias balísticas y el sentido común
El poder de fuego de un fusil FAL (calibre 7.62 mm) hace que un segundo disparo autoinfligido sea mecánicamente irrealizable. Uribe detalló que, tras un primer impacto de esta magnitud, la persona pierde inmediatamente la capacidad motriz y consciente para volver a cargar el arma, ya que esta se encontraba en modo tiro a tiro y no en automático. Además, los plomos no fueron hallados ni en el cuerpo ni en la escena primaria de forma clara.
La pista del robo de municiones
Lejos de la teoría del suicidio, la familia maneja hipótesis vinculadas a delitos federales dentro de la guarnición de Zapala. La más fuerte apunta a una venganza contra el padre de la víctima, el suboficial Juan José Córdoba, quien había denunciado previamente el robo sistemático de municiones en el cuartel. “Esa denuncia le jodió el negocio a muchos superiores”, afirmó la madre, sugiriendo que Pablo pudo haber visto algo que no debía o fue utilizado como mensaje mafioso.
Pérdida de pruebas y el rol de la Justicia Federal
La lentitud judicial y la desaparición de evidencia agravan la situación. La querella denunció la pérdida de entre 25 y 30 días de grabaciones de las cámaras de seguridad del predio militar, imágenes que fueron omitidas deliberadamente del expediente. “Las instituciones se cubren entre sí; el accionar del juez se puso a disposición del Ejército”, acusó Uribe.
El próximo 9 de septiembre se espera la declaración indagatoria de Brian Jara, el soldado voluntario que encontró a Pablo agonizando. Jara está en la mira de la Justicia por haber filmado a la víctima en sus últimos instantes en lugar de auxiliarlo y por haber ocultado inicialmente su teléfono celular, un elemento probatorio que la fiscalía demoró de manera negligente en secuestrar. A 39 meses del hecho, la familia sigue exigiendo que se rompa el pacto de silencio y se identifique a los responsables materiales del crimen.
