La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad deberán devolver al Estado argentino una suma actualizada que asciende a $684.990.350.139,86, según determinaron peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia.
El número, que supera ampliamente los $85 mil millones fijados en 2022, fue actualizado teniendo en cuenta la inflación acumulada y la evolución de los costos. Se trata de fondos que, según la Justicia, fueron desviados mediante un esquema de corrupción sistemática que funcionó durante más de una década.
La devolución será solidaria, lo que implica que todos los condenados deberán responder por la totalidad de la cifra, sin importar el grado de participación individual.
Entre ellos se encuentra la propia expresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia aún no está firme. Mientras tanto, permanece bajo arresto domiciliario en su residencia de San Telmo, lejos de la realidad que viven millones de argentinos golpeados por la pobreza estructural.
La causa Vialidad expuso uno de los esquemas de corrupción más escandalosos de la historia reciente del país: el direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, todas adjudicadas a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, otro de los principales condenados.
Este entramado de desvíos, sobreprecios y complicidades políticas dejó no solo una red de bolsillos llenos, sino también una nación empobrecida, con rutas inconclusas, obras abandonadas y recursos públicos saqueados.
Ahora, será el tribunal que dictó la condena el que deberá evaluar los pasos a seguir para que el Estado recupere lo que le fue robado. La pregunta que persiste es si alguna vez la justicia alcanzará realmente a quienes dejaron al país al borde del colapso.
