En diálogo con Rivadavia Neuquén, desde la Federación de Inquilinos Agrupados rechazaron las nuevas normativas judiciales. Advierten que acelerar los tiempos de expulsión profundizará la crisis habitacional en un contexto de desregulación y endeudamiento.
La implementación de los desalojos exprés en Neuquén encendió las alarmas de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos habitacionales. Federico Prior, abogado e integrante de la Federación de Inquilinos Agrupados, analizó el impacto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia —vigente desde el 1 de agosto— y del proyecto nacional de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Según el referente, estas normativas funcionan como un mecanismo acelerador que deja en total indefensión a quienes hoy no tienen casa propia.
“Es como la frutilla del postre para toda la situación que tenemos los inquilinos: desregulación total, sin ley de alquileres y un endeudamiento familiar altísimo”, graficó Prior. El escenario actual muestra un mercado inmobiliario fuertemente marcado por la informalidad, donde abundan los acuerdos de palabra y la falta de recibos oficiales, lo que ubica a los locatarios en una posición de extrema debilidad frente a cualquier intimación o abuso.
Tiempos acotados y falta de contención estatal El nuevo marco normativo establece plazos perentorios irrisorios para las familias que, producto de la crisis económica, se atrasan con el pago. En algunos casos, se otorgan apenas diez días para regularizar la deuda y otros diez para abonarla antes de que se inicie formalmente el desalojo. “Te dan plazos en los que es imposible encontrar otro lugar, juntar la plata para pagar los tres meses que te piden para ingresar a un alquiler nuevo y, encima, teniendo una deuda previa”, explicó el abogado.
A este cuello de botella se suma la inacción de las dependencias gubernamentales. Cuando una familia con niños, personas con discapacidad o jubilados son expulsados de su vivienda por motivos económicos, no existen organismos públicos que garanticen alternativas transitorias ni mediaciones efectivas. “El Estado está totalmente ausente en este tema o, mejor dicho, su rol hoy está corrido a garantizar negocios y acumulación de rentabilidad”, sentenció Prior.
En nuestra región, esta tensión se ve agravada por el fenómeno de Vaca Muerta y la migración interna, factores que dispararon la especulación inmobiliaria y posicionaron a la capital neuquina entre las tres ciudades con los alquileres más caros de la Argentina.
Proyectos legislativos para frenar la crisis Frente a un panorama donde cada vez más hogares destinan más del 50% de sus ingresos formales exclusivamente a pagar el techo, desde las agrupaciones de inquilinos impulsan un paquete de medidas para equilibrar la balanza.
Entre las propuestas locales destacan la regulación de la comisión inmobiliaria —buscando que sea abonada por el propietario que contrata el servicio y no por el inquilino, como ya ocurre en CABA y La Pampa — y el establecimiento de plazos mínimos de previsibilidad para los contratos. Asimismo, Prior sugirió la necesidad de penalizar impositivamente la vivienda ociosa y crear programas donde el propio Estado provincial administre inmuebles destinados al alquiler tradicional, contrarrestando así el vaciamiento que genera el auge del alquiler temporario y turístico.
