La única universidad de artes de la Patagonia atraviesa sus días más convulsionados. Estudiantes y docentes denuncian que la actual gestión impuso un proceso electoral plagado de irregularidades para atornillarse al poder, ignorando reclamos históricos y respondiendo con violencia privada.
Lejos de las aulas y los talleres, la tensión se trasladó a los pasillos y estrados judiciales. El conflicto en el IUPA (Instituto Universitario Patagónico de las Artes) escaló a niveles inéditos, exponiendo una profunda crisis institucional marcada por denuncias de fraude, falta de representación y un manejo discrecional de la casa de altos estudios.
Para entender el origen de esta disputa, hay que mirar el modelo de gestión. Según denuncian desde la comunidad universitaria, el IUPA no funciona como una institución democratizada. Históricamente, las autoridades máximas (incluyendo al rector y directores de departamento) han sido designadas “a dedo” por el gobierno provincial de turno, sin la participación de los estamentos estudiantiles o docentes.
Lucio Corregidor, presidente del Centro de Estudiantes del IUPA, detalló cómo la actual gestión —encabezada por el rector Gerardo Blanes— organizó un proceso electoral a medida para perpetuarse en el poder, desatando la indignación de toda la comunidad.
Elecciones hechas a medida y sin control
El quiebre definitivo se produjo tras una larga lucha por la normalización del instituto. Tras meses de presión, la gestión convocó a elecciones, pero las reglas del juego fueron fijadas unilateralmente, excluyendo a la oposición y violando normativas fundamentales:
- Reglamento unilateral: Se redactó un reglamento electoral sin la participación de la comunidad universitaria ni representantes gremiales o estudiantiles.
- Padrón excluyente: Según la ley de Educación Superior, los estudiantes no graduados tienen derecho a votar. Sin embargo, el padrón oficial los marginó por completo.
- Elección fantasma: Tras realizar la votación de consejeros en pleno receso de verano, el escrutinio final se llevó a cabo a puertas cerradas, comunicando los resultados mediante un simple telegrama que no precisaba ni quiénes habían fiscalizado ni cómo se contaron los votos.
“Esta gente ve a la universidad como una caja política, como un presupuesto del cual disponer a su antojo. No les interesa formar profesionales de la cultura, solo les importa la caja”, denunció Corregidor, resumiendo el malestar general.
Violencia privada y causas judiciales
El conflicto en el IUPA no solo se libra en el terreno burocrático. El intento de los estudiantes por participar en las sesiones del Consejo y hacer oír sus reclamos (como la falta de insumos, planes de estudio obsoletos y aulas en mal estado) fue reprimido con violencia.
Durante el mes de abril, en un intento de la gestión por sesionar en un hotel privado a espaldas de la comunidad, un docente que intentaba ingresar y un estudiante fueron agredidos físicamente por personal de seguridad privada contratado por las autoridades. El repudiable hecho quedó registrado en video y se viralizó rápidamente.
Actualmente, el frente democrático estudiantil ha llevado la situación a la Justicia. La fiscalía y los juzgados provinciales y federales tienen en sus manos las denuncias por usurpación de cargos, fraude electoral y violencia. Mientras tanto, la comunidad educativa exige retrotraer todo el proceso y convocar a elecciones verdaderamente libres, transparentes y bajo el estatuto que rige a la Educación Superior en todo el país.
