Este martes 12 de agosto será clave para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La Corte de Apelaciones de Nueva York definirá si el Estado debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera o si mantiene en suspenso la orden emitida por la jueza Loretta Preska.
En junio, la magistrada resolvió que el país debía pagar US$ 16.000 millones a los demandantes. Con los intereses acumulados, la deuda asciende a US$ 18.000 millones. Además, dispuso la transferencia del paquete accionario, medida que fue apelada por el Gobierno.
Las opciones que evalúa el tribunal incluyen: confirmar la entrega de las acciones, conceder la cautelar solicitada por el Ejecutivo para frenar el traspaso, o bien sustituir las acciones por otros activos.
Si no se concede la suspensión total, Argentina deberá optar entre negociar con los acreedores o asumir el riesgo de un desacato que podría derivar en el embargo de reservas del Banco Central.
Desde la Casa Rosada anticiparon que, si la decisión es adversa, recurrirán a la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, siguen abiertas dos apelaciones: una contra la transferencia de acciones, cuyo plazo vence el 25 de septiembre, y otra contra la sentencia millonaria dictada en 2023.
