La Legislatura provincial habilitó el mecanismo que obligará a los representantes a someterse a exámenes sorpresa. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el diputado Marcelo Bermúdez dio detalles de la medida y apuntó al objetivo central: cortar cualquier vínculo entre el poder y el narcotráfico.
La implementación del narcotest en Neuquén ya es una realidad para los altos cargos del Estado provincial. En una sesión que reflejó un amplio consenso político, la Legislatura aprobó el protocolo de aplicación de estos exámenes con 30 votos a favor y apenas dos rechazos provenientes de las bancas de izquierda.
La iniciativa completa la reglamentación de la Ley 3531, impulsada originalmente por el gobernador Rolando Figueroa y reglamentada en febrero de este año. La medida marca un precedente clave en materia de transparencia institucional en la Patagonia, buscando garantizar la idoneidad en la toma de decisiones.
Cómo será el procedimiento de control
El mecanismo diseñado no deja margen para dilaciones ni preavisos. Según lo aprobado, los 35 legisladores provinciales podrán ser citados de manera sorpresiva por el área de Medicina Laboral para realizarse un test rápido de orina, ya sea mientras se encuentran trabajando en comisiones o durante una sesión ordinaria.
En caso de que un funcionario arroje un resultado positivo, el protocolo prevé una contraprueba. Si ese segundo examen ratifica la presencia de estupefacientes ilegales, el caso se elevará directamente a la presidencia de la Cámara u órgano correspondiente para que se disparen los mecanismos de exoneración o cesantía.
El sistema también contempla excepciones médicas que estén debidamente justificadas. Quienes se encuentren bajo tratamientos por condiciones de salud (como diabetes, glaucoma o terapias con cannabis medicinal) deberán presentar las recetas correspondientes para que los profesionales médicos evalúen y convaliden la situación.
El objetivo: separar al Estado del narcotráfico
El trasfondo de la ley no busca criminalizar la adicción desde un punto de vista sanitario —entendida como una enfermedad que requiere tratamiento—, sino proteger la integridad del Estado. En ese sentido, el legislador fue contundente respecto a la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de la función pública y el consumo de drogas ilícitas.
“Un funcionario público no puede tener relación con alguien que vende drogas. Difícilmente podamos avanzar en la lucha contra el narcotráfico si un fiscal, un jefe de policía o un ministro consume y le compra a un narcotraficante”, sentenció Bermúdez. Se trata de evitar que quienes tienen en sus manos la seguridad, la legislación y la justicia de la provincia financien o sean clientes de las redes delictivas que el propio Estado debe combatir.
A quiénes alcanza la normativa
El alcance de la Ley 3531 no se limita únicamente al Poder Legislativo. La obligatoriedad de los exámenes toxicológicos recae sobre los estratos más altos y con poder de decisión de los tres poderes del Estado neuquino.
La norma abarca a la cúpula del Ejecutivo (gobernador, ministros, secretarios y titulares de entes autárquicos), al Legislativo (diputados) y al Judicial (jueces, fiscales y defensores). De esta forma, la medida viene a equiparar a la dirigencia política con las exigencias preventivas que ya rigen con normalidad para otros sectores clave de la provincia, como las fuerzas de seguridad policiales o los operarios de la industria petrolera.
