En diálogo con Rivadavia Neuquén, el presidente de la comisión de riego local, Pablo Suárez, advirtió sobre la precaria situación legal de los chacareros y el riesgo de perder sus parcelas. Buscan unificar reclamos al gobierno provincial para evitar conflictos dominiales como el reciente desalojo en Villa La Angostura.
El debate sobre la tenencia de tierras en Picún Leufú cobra nueva urgencia tras el desalojo exprés de la comunidad mapuche en Villa La Angostura, un antecedente que encendió las alarmas entre los productores del centro de la provincia. Hoy, decenas de familias que habitan y producen en la zona desde hace más de tres décadas enfrentan la incertidumbre de no contar con los títulos de propiedad de sus chacras.
En una entrevista exclusiva, Pablo Suárez, presidente de la comisión de riego de la margen derecha de Picún Leufú, expuso la fragilidad de quienes explotan la tierra en la localidad. “El peor de los castigos es la extradición”, graficó el productor, en referencia al temor latente de que el Estado provincial o nuevos dueños exijan el desalojo de parcelas que, en muchos casos, fueron cedidas o compradas de buena fe en la década del 90.
La fragilidad dominial y el peso de la historia
El conflicto tiene raíces históricas. Gran parte de las zonas productivas actuales formaban parte del “perilago”, una reserva de tierras originalmente administrada por la empresa estatal Hidronor. Tras su privatización y desguace en 1993 [VERIFICAR], esos lotes pasaron a dominio de la provincia y, posteriormente, sufrieron diversas subdivisiones.
En el caso específico de la margen derecha, se reservaron unas 1300 hectáreas para un proyecto agrícola tras el fracaso de una iniciativa industrial ladrillera. Sin embargo, el proceso de regularización quedó trunco. “Entramos en el año 91, la titulación de esta tierra es del 96, y desde entonces estamos esperando”, explicó Suárez, quien advirtió que la precarización actual expone a los chacareros a la pérdida de sus inversiones. A nivel provincial, se estima que más del 30% de las tierras productivas de pequeña escala enfrentan irregularidades en sus títulos [VERIFICAR].
El costo del riego y la presión de la infraestructura
A la incertidumbre legal se le suma la crisis de infraestructura. Los productores dependen de un sistema de bombeo de agua obsoleto y altamente demandante de energía eléctrica, administrado con deficiencias. El gobierno intenta trasladar los altos costos de este servicio a los regantes, lo que genera una paradoja: se les exige el pago y mantenimiento de infraestructura sobre tierras en las que figuran legalmente como ocupantes precarios.
Ante la posibilidad de que se repitan maniobras donde lotes fiscales terminan en manos de terceros por remates o juicios de usucapión, los vecinos decidieron organizarse.
Organización vecinal: el reclamo de una decisión política
Frente a este panorama, los productores están conformando una comisión de tierras para unificar fuerzas y exigirle al gobierno provincial la aplicación de normativas vigentes, como la ley 263 que protege a los legítimos ocupantes.
“Tiene que haber un corte definitivo y decir: si estás en esta tierra hace 30 años, tenés que pelear por tu título. Hay que legalizar la situación en la que estamos”, concluyó Suárez. La advertencia es clara: sin una decisión política firme que garantice la seguridad jurídica, la provincia se encamina a multiplicar sus conflictos sociales y territoriales en el corto plazo.
