La fiscalía confirmó que el juez autorizó el operativo en un predio privado ocupado por unas 130 personas, aunque la presencia de menores frenó la acción directa. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el fiscal Juan Narváez explicó los riesgos del procedimiento y advirtió sobre la investigación penal contra presuntos instigadores.
La Justicia dictó una orden de desalojo en Neuquén para liberar un predio privado ocupado por más de un centenar de personas, aunque la ejecución de la medida se encuentra en pausa mientras las fuerzas de seguridad evalúan los riesgos del terreno y la presencia de familias vulnerables. La medida fue autorizada por el juez de Garantías Lucas Yancarelli a pedido del Ministerio Público Fiscal, con un plazo de 48 horas para su cumplimiento.
El asentamiento comenzó a consolidarse a mitad de semana, cuando un primer grupo de unas 90 personas ingresó al terreno y comenzó a montar carpas y delimitar parcelas. Con el correr de las horas, la concurrencia creció hasta alcanzar entre 120 y 130 ocupantes. Ante esta situación, efectivos de la Policía provincial —con divisiones de la Montada, motoristas y unidades metropolitanas— cercaron el perímetro a la espera de definiciones operativas.
El terreno en conflicto presenta complejidades geográficas: se trata de una superficie extensa que cuenta con sectores anegados de agua y barro, lo que dificulta cualquier desplazamiento táctico sin poner en riesgo la integridad física de los presentes.
Los motivos detrás de la cautela judicial
El fiscal del caso, Juan Narváez, remarcó que la prioridad de la fiscalía es restablecer la propiedad privada a sus dueños sin apelar a la violencia ni criminalizar en primera instancia la demanda social. Sin embargo, la presencia de numerosos niños en el lugar obligó a extremar los recaudos antes de proceder por la fuerza.
“Entendemos la dificultad y el déficit habitacional que atraviesa la sociedad, por lo que nuestro objetivo principal no es criminalizar estas conductas de entrada, sino buscar una resolución pacífica del conflicto o el retiro voluntario”, explicó Narváez. Frente a la situación de vulnerabilidad detectada, se dio formal intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescentes para garantizar el resguardo de los menores de edad.
Por estas horas, las autoridades policiales confeccionan un informe técnico detallado para determinar si existen las garantías necesarias para llevar a cabo el desalojo o si se requerirá abrir instancias de mediación institucional con organismos gubernamentales.
Investigación por instigación y maniobras delictivas
Más allá del reclamo de quienes manifiestan no tener techo propio, la fiscalía abrió una investigación penal de oficio para determinar si detrás del hecho existe una organización con fines de lucro o especulación inmobiliaria.
A través de relevamientos con drones, entrecruzamiento de datos de los vehículos que ingresaron materiales de construcción y peritajes sobre canales digitales, la Justicia busca a quienes promovieron la ocupación a través de grupos de mensajería instantánea y redes sociales.
“Fuimos al lugar y encontramos personas que están alquilando y decidieron sumarse tras ser convocadas para presionar por una vivienda, pero también detectamos testimonios sobre individuos que buscan usurpar para luego comercializar lotes de manera ilegal”, advirtió el fiscal. Estas maniobras configuran los delitos de usurpación e instigación pública a cometer delitos, figuras que conllevan sanciones penales severas para los organizadores.
Mientras se agotan los plazos procesales, la fiscalía mantiene la consigna policial en el perímetro a la espera del reporte definitivo que definirá los próximos pasos legales y operativos en la zona.
