Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena unificada de 15 años de prisión contra Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru y dirigente vinculada al kirchnerismo, por delitos de amenazas, asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron “inadmisible” el recurso presentado por la defensa, en el que se cuestionaba la decisión del Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy, que ya había impuesto la pena unificada. Sala se encuentra detenida desde hace nueve años, actualmente con prisión domiciliaria, y mantiene otras causas abiertas.
Dos causas, una condena
La primera causa se remonta a octubre de 2014, cuando Sala fue condenada por dos amenazas telefónicas a policías. Inicialmente había sido absuelta, pero la Cámara de Casación Penal revocó el fallo en 2019 y la condenó a dos años de prisión efectiva.
La segunda causa es más grave: en enero de 2019, fue sentenciada a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que, entre 2013 y 2015, habría desviado fondos públicos destinados a viviendas sociales mediante presiones e intimidaciones a cooperativistas de la Tupac Amaru.
Pena única y rechazo de la defensa
El 10 de febrero de 2023, el mismo tribunal jujeño impuso una pena única de 15 años considerando la “alta relevancia y sensibilidad social” de los hechos. La defensa de Sala argumentó que la pena no estaba debidamente justificada y que violaba principios como la humanidad de la pena y el derecho a la resocialización, pero sus planteos fueron rechazados en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, que falló citando el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La Megacausa: otro frente judicial
Paralelamente, la Corte también ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal se vuelva a pronunciar sobre la competencia en la llamada “Megacausa”, donde Sala está imputada junto al exgobernador de Jujuy Eduardo Fellner, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros funcionarios nacionales y provinciales.
La causa investiga un fraude millonario en el manejo de fondos para viviendas sociales. El Ministerio Público sostiene que Fellner facilitó el desvío de dinero público con una estructura estatal diseñada para evadir controles, generando —según la acusación— el mayor desfalco de la historia jujeña.
La disputa actual gira en torno a si ese juicio debe realizarse en la justicia federal de Jujuy o en los tribunales de Comodoro Py, ya que hay funcionarios nacionales implicados y los fondos provenían del Estado nacional. La Corte pidió una nueva resolución luego de que el procurador Eduardo Casal advirtiera que Casación eludió tratar argumentos claves de la defensa.
