El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y frenada por el Poder Ejecutivo. La decisión fue tomada en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad, que reclamó que se garantice el cumplimiento pleno de los derechos previstos en la norma.
En su fallo, el magistrado argumentó que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en especial aquellos vinculados a la protección de la infancia y de las personas con discapacidad, que tienen rango constitucional. Con esta resolución, el debate sobre la ley vuelve a instalarse tanto en los tribunales como en la arena política.
El Gobierno todavía puede apelar, lo que llevaría el caso a instancias superiores. De todos modos, el fallo podría transformarse en un precedente clave sobre los alcances del control judicial en torno a los vetos presidenciales y, al mismo tiempo, reforzar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho argentino.
