El Gobierno de la provincia de Neuquén confirmó que el desalojo del acampe mapuche realizado el domingo frente a Casa de Gobierno fue una medida ordenada por el Ministerio Público Fiscal y ejecutada por la Policía provincial.
Así lo indicó el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien explicó que durante los últimos meses se habían mantenido “múltiples instancias de diálogo” con representantes de las comunidades, pero que finalmente estas optaron por una “vía de acción directa” para reclamar el reconocimiento legal de cuatro comunidades mediante personerías jurídicas.
Durante el operativo fueron demoradas 17 personas, entre hombres y mujeres, que fueron atendidas por personal médico y liberadas a lo largo del día, según precisó el funcionario.
Tobares sostuvo que el trámite de reconocimiento jurídico para las comunidades es un proceso extenso, que debe ajustarse tanto a la legislación nacional como al derecho consuetudinario. “No se trata de negar derechos, sino de cumplir los procesos establecidos”, afirmó.
Según datos oficiales, en los últimos 70 años se han otorgado 57 personerías jurídicas a las 86 comunidades existentes en la provincia, pero solo dos fueron aprobadas en los últimos cinco años, lo que refleja las dificultades del procedimiento.
El ministro subrayó que el Ejecutivo provincial no definió el momento del desalojo, sino que cumplió con una orden judicial. “Nosotros somos el brazo ejecutor de lo que ordena otro poder del Estado”, concluyó.
