La defensora del pueblo de Bariloche, Analía Woloszczuk, explicó que están trabajando en forma coordinada con otras defensorías de Chubut y Neuquén para avanzar en una presentación conjunta ante Nación.
“Hace varios meses a raíz de distintas resoluciones y propuestas legislativas nos hicieron pensar cómo afrontar la situación en caso de reestructuración en tarifas, fue así y lo que hemos hecho las defensorías fue reunirnos, creemos que en bloque y por regiones es lo más apropiado”, explicó.
Comentó que las defensorías requieren información sobre la temática porque el usuario necesita claridad en cuanto a la conformación de la tarifa.
Planteó que quieren saber cómo se hizo el cálculo si una boleta antes llegaba en tres cifras y ahora en cinco. “Trabajamos en red para identificar casos concretos y distinguir entre vivienda y comercio, cuánto pagaban antes y ahora, con el sistema anterior de segmentación y buscar casos emblemáticos para llevar a las autoridades nacionales”, planteó. Explicó que la idea es agotar las instancias de diálogo y “demostrar que ese salto llevará a la pobreza energética porque las familias no podrán pagar esas boletas para acceder al servicio, lo que sería una violación a los derechos humanos”.
En mayo empezaron a llegar los reclamos y se están analizando las tarifas, de modo que se corrobora el medidor y su propietario, además del tipo de consumo, residencial o comercial y compararlo de un mes al otro. En los últimos días se acercó mucha gente.
“Estamos haciendo ese trabajo y en paralelo estamos haciendo un trabajo con los equipos jurídicos para ver si eventualmente fuera necesario recurrir a una vía judicial, qué tenemos como posibilidad, pero todavía tenemos que hacer el trabajo de identificación con todo lo que la gente nos va trayendo”, indicó.
Remarcó que han emitido varias resoluciones que tienen que estudiar bien, “no es un trabajo que tenga que hacer la gente, nos corresponde a nosotros poder traducirle a la gente en cuanto a que llegamos a la conclusión que no hay claridad”.
Explicó que está faltando el dato de cómo hará el Estado nacional para hacer esa evaluación que aquellos que tienen que pagar más tengan mayores ingresos, “falta información para poder determinar si es justa, razonable y proporcional la tarifa que autoriza a la empresa”.
