Una empleada del Poder Judicial de Río Negro fue exonerada de su cargo tras una auditoría interna que detectó más de 400 días de licencia en apenas cuatro años, además de figurar como trabajadora activa en otros dos organismos públicos.
La investigación comenzó en mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani, y reveló un patrón de ausencias reiteradas con certificados médicos y licencias extraordinarias entre 2019 y 2023. También se constató que, durante la pandemia, la trabajadora se trasladó a Neuquén sin dejar de cobrar como empleada judicial en Río Negro.
Oficios enviados a AFIP y ANSES confirmaron que también trabajaba en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, lo que generó una situación de incompatibilidad legal.
Aunque alegó desconocimiento de la normativa y razones personales, el sumario determinó que su conducta violó la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública de la provincia. El Superior Tribunal de Justicia dictó la exoneración definitiva el 12 de febrero de 2025 y remitió las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para analizar un posible perjuicio económico al Estado.
