Aproximadamente 800 mil venezolanos viven actualmente en Chile. Eso, según las cifras oficiales. Sin embargo, tras el fraude electoral de Nicolás Maduro, expertos ya advirtieron que una nueva ola migratoria podría extenderse desde ese país hacia el sur, asunto que tiene más que preocupado al gobierno, puesto que Chile es el quinto país de acogida de venezolanos detrás de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador.
Previo a las elecciones presidenciales en Venezuela, un sondeo realizado por Meganalisis dio a conocer que al menos un 44,6 % de su población consideraría emigrar si Maduro era reelecto. Según Álvaro Bellolio, ex jefe del Servicio Nacional de Migraciones, “se estima que cerca de 5 millones de venezolanos podrían salir del país, no simultáneamente, pero sí en los próximos meses. Y Chile históricamente recibió entre el 10% y el 20% de esa inmigración”, advirtió.
Según el ex funcionario de la segunda administración de Piñera, “la situación en Venezuela es de desesperación” y esta posible nueva oleada de migrantes “ejercerá una presión significativa sobre nuestras regiones y comunas, afectando el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, además de sobrecargar nuestro sistema carcelario”.
Bellolio acusó que “en Chile es muy fácil ingresar sin visa, trabajar sin autorización, y el gobierno promete, a través de su política migratoria, una visa a quien ingresó clandestinamente y obtiene un contrato de trabajo”.
El martes, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, hizo hincapié en que los nuevos migrantes venezolanos podrían tener calidad de refugiados – con todos los derechos que ello implica según los tratados internacionales – y propuso una mayor coordinación con los países vecinos.
“La urgencia que tenemos es que exista una coordinación, sobre todo de los gobiernos latinoamericanos, respecto de una nueva ola migratoria que, probablemente, con todo lo que estamos viendo en estos días, viene muy pronto”, sostuvo en conversación con Cooperativa.
“Los hechos han demostrado que la respuesta del 2018 no fue la correcta, porque el abrir la frontera sin límite alguno es lo que ha ocasionado, primero, una ola muy grande migratoria. Cuando las olas migratorias no son reguladas como corresponde, que es lo que pasó a partir del 2018 se exacerba este discurso antimigrante”, reparó.
La también ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó a implementar en la región un “intercambio de información y de bases de datos para determinar quiénes son aquellas personas que ingresan a los diferentes países. Es difícil, pero esa coordinación no existió (en 2018) y ahora creo que es fundamental”, subrayó Urrejola, quien remató asegurando que cerrar las fronteras “no puede ser la respuesta latinoamericana, entendiendo la complejidad que ha tenido la ola migratoria”.
