Tras dos años y medio de un complejo proceso judicial, el Tribunal Superior de Justicia rechazó los recursos de la defensa. El hombre, hallado culpable por unanimidad mediante un jurado popular por abusar de su hijastra durante 19 años, enfrenta un pedido de 34 años de prisión en cárcel común.
El caso de abuso en Neuquén que conmocionó a la opinión pública local sumó un capítulo judicial decisivo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia desestimó la impugnación presentada por la defensa y dejó firme el veredicto de culpabilidad contra el empresario acusado de someter a su hijastra a vejaciones sistemáticas durante casi dos décadas.
En diálogo con nuestro medio, el Dr. Carlos Caroselli, abogado querellante, detalló los avances de un litigio que demandó más de dos años y medio de recolección de pruebas. “Logramos un jurado popular, algo que es muy difícil, y tuvimos un veredicto de culpabilidad por unanimidad”, destacó el letrado, subrayando que la contundencia de los testimonios —incluyendo el de la propia víctima— no dejó margen de duda para el tribunal.
En la provincia de Neuquén, los juicios por jurados se aplican exclusivamente para delitos graves que prevén penas superiores a los 15 años de prisión, lo que refleja la magnitud y severidad de los cargos enfrentados por el acusado.
Una trama familiar compleja y el pedido de prisión efectiva
Uno de los aspectos más oscuros del caso radica en el entorno intrafamiliar. Según las declaraciones del Dr. Caroselli, la madre de la víctima actuó como cómplice a lo largo de los años en los que se perpetraron los abusos, agravando el estado de vulnerabilidad de la denunciante. Es importante recordar que el nombre del empresario no se difunde en los medios de comunicación por estricta disposición legal, con el fin de proteger la identidad y privacidad de la mujer afectada.
Actualmente, el condenado cumple con prisión domiciliaria monitoreada mediante una tobillera electrónica, una medida que, según el abogado querellante, tiene los días contados. “La defensa no tiene nada que perder y seguramente recurrirá a la Corte Suprema de la Nación, pero es un fallo inamovible”, aseguró Caroselli.
El próximo paso será la instancia de cesura, donde el juez deberá definir la cantidad de años de condena. Mientras que el mínimo establecido para este tipo de delitos es de 15 años, la querella ha solicitado una pena ejemplar de 34 años de prisión de cumplimiento efectivo en una cárcel común, buscando cerrar finalmente uno de los episodios judiciales más dolorosos de la región.
