Desde el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf) advierten sobre la inconstitucionalidad de la nueva ley penal juvenil. Faltan instituciones exclusivas para alojar a los menores y denuncian la inactividad de los organismos de protección estatal.
La baja de imputabilidad en Neuquén y en el resto del país instala un escenario de incertidumbre sobre el destino real de los adolescentes atrapados por el nuevo sistema penal. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Antonia Chandía, integrante del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf), cuestionó duramente el régimen que responsabiliza penalmente a jóvenes desde los 14 años. La referente alertó sobre la inconstitucionalidad de la norma, la ausencia de espacios de alojamiento adecuados y la severa parálisis de los organismos locales encargados de proteger a las niñeces vulneradas.
Inviabilidad legal y déficit estructural
El análisis de la legislación aprobada recientemente en el Congreso advierte sobre un choque directo con los tratados internacionales a los que adhiere el país. Chandía explicó que la normativa avanza en contra de los principios de progresividad de derechos. Antes de su sanción, una amplia gama de especialistas —incluyendo psicólogos, psiquiatras y jueces penales— expusieron ante el Poder Legislativo para argumentar por qué el proyecto no cumplía con los estándares constitucionales, pero sus recomendaciones fueron desestimadas por la fuerza política impulsora.
Para ilustrar el complejo panorama nacional, la referente recordó que en la provincia de Buenos Aires la aplicación de la ley ya fue suspendida por 60 días mediante una medida de amparo judicial. La principal barrera para la implementación material del régimen es la infraestructura penitenciaria. “¿Si hoy va un chico de 14 o 15 años detenido por una semana, un mes o dos años, a dónde lo llevan? Porque está prohibido taxativamente que no puede convivir con adultos”, planteó la especialista. El Estado no diagramó instituciones específicas, exponiendo al sistema a vulnerar los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya Observación General 24 exige orientar la justicia juvenil hacia la promoción de la dignidad y la reintegración constructiva.
Este vacío de contención estatal colisiona con una realidad donde el delito juvenil no se limita a robar para comer. Chandía señaló que los adolescentes también se involucran en robos de dispositivos móviles y casos de grooming, atrapados en un mundo virtual sin supervisión familiar. Esta desconexión social y económica repercute trágicamente en la salud mental de los menores. Al abordar el alarmante aumento de los suicidios adolescentes, la entrevistada vinculó el fenómeno con la desesperación económica ligada a las apuestas virtuales, donde perder dinero representa un callejón sin salida para jóvenes sin red de apoyo.
Parálisis institucional y el caso del colegio Millaray
Nuevamente en diálogo con Rivadavia Neuquén, Chandía denunció la parálisis institucional que atraviesan las entidades provinciales de protección: “Este año 2026, estamos en septiembre, no tuvo ninguna sesión, ni las dos que debemos del 2025 ni las del 2026”. Durante el año pasado, el Copronaf solo alcanzó a concretar cinco de los siete encuentros obligatorios pautados por ley, evidenciando un incumplimiento sistemático de los programas públicos diseñados para el sector.
Para ejemplificar la lentitud del sistema de protección, la representante de la sociedad civil relató un grave episodio reciente. El primero de septiembre, en el colegio Millaray, un niño permaneció 26 horas encerrado en una institución privada mientras su madre esperaba afuera sin poder contactarlo. Chandía apuntó contra las demoras de los jueces Luna y Sepúlveda, señalando que los acuerdos de vinculación familiar se incumplieron repetidamente, forzando al Poder Judicial a intervenir con urgencia para restituir el contacto materno tras sucesivas fallas legales.
Contradicciones con la legislación provincial
A nivel territorial, la aplicación del nuevo régimen genera fricciones operativas con el andamiaje jurídico de la provincia. Neuquén cuenta con normativas locales propias en la materia que ahora entran en conflicto con la dirección federal. “Nosotros teníamos una ley que es la 2302 que contemplaba un régimen penal juvenil a partir de los 14 años […] y la ley nacional no acuerda con esta ley penal juvenil que tenemos nosotras”, afirmó la entrevistada. Ante esta incompatibilidad normativa, advirtió que existen propuestas paralelas para modificar el fuero penal familiar que profundizarían la tensión con la Constitución de la provincia.
Otros temas de agenda: abusos policiales y participación democrática
El debate sobre normativas más punitivas trajo a discusión el accionar de las fuerzas de seguridad en las calles neuquinas. Chandía denunció que los abusos de autoridad son una constante y mencionó intervenciones violentas que culminaron en tragedias, como un homicidio vinculado al accionar policial en las inmediaciones del Hospital Heller.
