En diálogo con Rivadavia Neuquén, la referente sindical Silvia Brouchoud advirtió sobre la renuncia de profesionales y el dramático atraso en las becas estudiantiles. El paro universitario en Neuquén se enmarca en una medida de fuerza nacional que paraliza las clases en la UNCo, la UNRN y el IUPA.
El paro universitario en Neuquén y toda la región patagónica marca el inicio del segundo cuatrimestre con las aulas vacías. La medida de fuerza, impulsada por las federaciones docentes y no docentes a nivel nacional, afecta de lleno el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Detrás de la huelga hay un reclamo claro: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El laberinto judicial y político de los fondos
El eje central del conflicto radica en la negativa del gobierno nacional a acatar la legislación vigente. Según explicó Silvia Brouchoud, exsecretaria general de ADUNC y actual referente del gremio en el asentamiento Neuquén, el próximo 21 de agosto se cumplirá un año de la sanción de la ley. Sin embargo, su aplicación sigue paralizada tras un extenso derrotero: fue sancionada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo, ratificada por ambas cámaras y, finalmente, suspendida mediante un decreto presidencial.
“Esta situación se destrabaría de una sola manera y sería que el gobierno nacional cumpla nada más y nada menos que con una ley”, sentenció Brouchoud, destacando que la Corte Suprema de Justicia ya rechazó el pedido del oficialismo para mantener la normativa suspendida. Hoy, las universidades exigen que se actualicen las tres patas fundamentales del sistema: los gastos de funcionamiento, la recomposición salarial atada a la inflación y el monto de las becas estudiantiles.
Becas congeladas y la estrategia del descrédito
Uno de los datos más alarmantes del ajuste recae sobre los estudiantes. Actualmente, las becas Progresar se mantienen congeladas en el orden de los $35.000 mensuales. En un contexto donde la Canasta Básica Total (CBT) supera holgadamente los $800.000 para una familia tipo y la inflación interanual no da tregua, este monto resulta irrisorio. Hace no muchos años, ese mismo beneficio cubría hasta el 80% del alquiler de un estudiante en ciudades universitarias tradicionales; hoy, apenas alcanza para gastos menores de fotocopias o transporte.
Para la referente gremial, el ajuste económico viene acompañado de una fuerte campaña de estigmatización impulsada desde el gobierno nacional. El objetivo, sostiene, es correr el eje del debate para no hablar de la falta de presupuesto. “Buscan un chivo expiatorio al cual echarle la culpa”, reflexionó Brouchoud, en referencia a las descalificaciones que periódicamente circulan en la agenda pública contra la comunidad académica y científica.
Fuga de cerebros y el futuro de las aulas
El deterioro salarial está provocando un daño estructural que, advierten desde los gremios, será muy difícil de revertir en el corto plazo. La imposibilidad de llegar a fin de mes está empujando a docentes e investigadores de alto nivel a renunciar a sus cargos en las universidades públicas para buscar alternativas laborales en el sector privado o en el exterior.
Esta “fuga de profesionales” amenaza con vaciar las cátedras y devaluar la calidad académica que históricamente caracterizó a instituciones como la UNCo. Mientras tanto, el plan de lucha continúa. Con actividades de visibilización programadas en distintos puntos de la Patagonia —como la convocatoria de científicos y docentes en Bariloche—, la comunidad universitaria dejó en claro que la parálisis del segundo cuatrimestre es solo el reflejo de un sistema que está al borde del colapso institucional.
